(28/09/14 - Explotación Infantil)-.Según las Naciones Unidas, unos dos millones de niñas, de entre cinco y quince años, son introducidas anualmente en el comercio sexual en todo el mundo.
Aunque el fenómeno de la Explotación Sexual Infantil (ESI) tiene mucha mayor envergadura en Asia, en los últimos años está experimentando un notable incremento en América Latina. Razones de esta progresión y medios necesarios para combatir el flagelo.
El aumento de la pobreza y la desigualdad, las migraciones del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y la proliferación de niños y niñas de la calle en situación de precariedad extrema, pueden esgrimirse como elementos explicativos de la explotación sexual infantil (ESI). No obstante, la tremenda complejidad del fenómeno y su “invisibilidad” exigen explicarlo a través de un conjunto de factores de vulnerabilidad, no sólo socioeconómicos, sino también familiares, culturales y políticos.
Ciertamente, la disfunción de la familia (violencia doméstica, maltrato infantil, abuso sexual, etc.) y la ruptura temprana del vínculo familiar, especialmente cuando ésta es conflictiva, suelen citarse como elementos desencadenantes de la ESI. Entre los factores culturales coadyuvantes cabe mencionar, además del consumismo y del irrespeto de los derechos de la niñez, la consideración de la mujer como un objeto y de los hijos como una propiedad. En el ámbito político, la corrupción policial y de los funcionarios públicos encargados de reprimir esta lacra, junto con la inexistencia de leyes específicas o su débil aplicación, son los factores del fenómeno más comúnmente citados, aunque quizá el más nefasto de ellos sea, simplemente, la negación de su existencia por las autoridades.
Del lado de la demanda, son otros factores, de tipo externo, los que ayudan a explicar el aumento de la ESI en América Latina. Se puede citar una represión más severa de la prostitución infantil en el Sureste Asiático y el efecto disuasorio del endurecimiento de las penas por abuso y explotación de menores en esos países, lo que conduce a los llamados “turistas sexuales” a buscar otros destinos; el abaratamiento del turismo; el espectacular aumento de pornografía infantil en Internet y la pandemia del SIDA, que impulsa a los “clientes” a solicitar los servicios sexuales de mujeres cada vez más jóvenes.
En el Cono Sur, la progresiva destrucción del tejido social y el proceso de “centroamericanización” (precariedad laboral, extensión de la pobreza y la desigualdad, aumento de la corrupción, desaparición de la clase media, etc.) también contribuyen a explicar el fenómeno. La espectacular proliferación de “villas miseria” en Buenos Aires, “cantegriles” en Montevideo, “bañados” en Asunción o “favelas” en Río o San Pablo, refleja este deterioro socioeconómico, con su correlato de auge de la criminalidad, la delincuencia y la violencia social; el evidente aumento de la mendicidad y, por supuesto, de la prostitución y la explotación sexual infantil. Cada año, más de 200 niñas paraguayas son engañadas con falsas promesas de empleo por redes internacionales de traficantes sin escrúpulos –en connivencia con autoridades, policías y funcionarios de fronteras– e introducidas en el mercado del sexo bonaerense, en municipios como San Miguel2.
Un último elemento que, especialmente en América Latina, ha tenido una influencia nefasta en la proliferación de esta lacra, ha sido la falta de reconocimiento del problema. Durante años, la ESI –considerada vergonzante por casi todos los gobiernos– no existía oficialmente en muchos países, por lo que, lógicamente, no era necesario erradicarla. Esta “invisibilidad” del fenómeno ha sido el mejor aliado de traficantes, proxenetas y abusadores de menores.
A pesar de lo alarmante de las cifras, la verdadera magnitud del problema es mucho mayor, ya que resulta prácticamente imposible cuantificar el número real de niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente en América Latina.
La ESI es una forma particular de abuso sexual, que se distingue por su móvil eminentemente comercial y por la intervención de una tercera persona, además del niño o la niña y del abusador: el explotador. El “derecho” a utilizar sexualmente al menor se adquiere mediante el pago de una determinada cantidad. La ESI suele también presentar unas características que ayudan a distinguirla del abuso sexual. En primer lugar, suele producirse fuera del lugar de origen del niño, a diferencia del abuso sexual, que es más frecuente en el entorno familiar. En segundo lugar, afecta más a los adolescentes (12 a 17) que a los niños y niñas de menor edad, mientras que el abuso sexual es más frecuente en la infancia. En tercer lugar, está mucho más extendida entre las niñas que entre los niños, en una desproporción mucho mayor que entre las víctimas de abuso sexual. Por último, mientras que en el caso del abuso sexual tradicional el abusador suele ser una misma persona durante un largo período de tiempo, en el caso de la explotación sexual infantil el abuso lo suele cometer cada vez una persona distinta, lo cual aumenta notablemente el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual. En cualquier caso, nunca puede hablarse de “consentimiento” del niño, incluso cuando éste así lo afirme (normalmente, para intentar exculpar al explotador o al abusador), pues siempre median coerciones y amenazas, o en el mejor de los casos, seducciones y engaños, para obligar al menor a someterse a tales prácticas3.
Lamentablemente no existe una definición universalmente aceptada de la ESI, aunque sí se ha llegado recientemente a un acuerdo sobre sus tres manifestaciones típicas: la venta de niños o niñas (con fines sexuales), la prostitución infantil y la pornografía infantil. Todas ellas están recogidas en el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN) relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil”4, que entrará en vigor este mes de enero (ver recuadro “Artículo 2”).
Por otra parte, el llamado turismo sexual infantil no es otra manifestación de la ESI, sino que debe considerarse como una variante de la prostitución infantil, consistente en ofrecer los servicios sexuales de un menor a turistas, generalmente extranjeros. No obstante, numerosos estudios han demostrado que los clientes abusadores de menores son principalmente autóctonos, y que incluso en países receptores de gran número de turistas extranjeros, como es el caso de Costa Rica y la República Dominicana, éstos no suelen sobrepasar el 20% del total de clientes abusadores5.
Reconceptualización jurídica
El instrumento jurídico internacional básico y más importante de defensa de los niños y las niñas es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada en 1989 y ratificada por 187 Estados. En ella se señala explícitamente (artículos 34 y 35) que los Estados deberán adoptar las medidas necesarias que impidan la explotación sexual infantil y protejan a los niños y las niñas frente a semejantes violaciones de sus derechos. Esta Convención cuenta desde el pasado año con un Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.
El instrumento jurídico internacional básico y más importante de defensa de los niños y las niñas es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada en 1989 y ratificada por 187 Estados. En ella se señala explícitamente (artículos 34 y 35) que los Estados deberán adoptar las medidas necesarias que impidan la explotación sexual infantil y protejan a los niños y las niñas frente a semejantes violaciones de sus derechos. Esta Convención cuenta desde el pasado año con un Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.
Otro instrumento jurídico clave es el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las peores formas de trabajo infantil6, que considera la ESI como “una de las peores formas de explotación laboral”7. No obstante, aproximaciones más recientes8 han puesto de manifiesto las importantes limitaciones jurídicas que una interpretación de ese tipo presenta a la hora de exigir acciones efectivas por parte de los Estados, pues al tratarse de la violación de un derecho de los denominados “económicos y sociales”, la obligación de los Estados se refiere sólo a la toma de medidas progresivas, con lo que las violaciones no pueden ser sujeto de denuncias individuales y la fuerza vinculante para los Estados es muy débil. Por este motivo, la ESI debe ser “reconceptualizada” como lo que es: un trato “inhumano y degradante” y, por lo tanto, una violación de los derechos humanos fundamentales. De este modo, la protección jurídica es más eficaz, pues los Estados tienen la obligación de proteger estos derechos (llamados absolutos) de modo inmediato; se pueden presentar denuncias individuales; son delitos perseguibles internacionalmente e incluso sujetos a la extraterritorialidad, como en el caso del genocidio o la tortura.
El Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, realizado en Estocolmo en agosto de 1996, supuso una llamada de atención internacional sobre la existencia de la ESI y un punto de inflexión en el tratamiento de esta problemática. Auspiciado por el gobierno de Suecia, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la organización internacional End Child Prostitution, Pornography and Trafficking for Sexual Purposes (ECPAT) y el Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño, reunió por primera vez a 122 gobiernos (22 de América Latina) para comprometerlos en una Declaración Final y una Agenda para la Acción, con cinco áreas de trabajo: coordinación y cooperación (a nivel local, nacional, regional e internacional); prevención; protección; recuperación y reintegración y participación de los niños y las niñas.
Desde entonces se han conseguido algunos logros importantes, como la despenalización de las víctimas y la culpabilización de los explotadores, el tratamiento integral de la problemática, las incipientes reformas legislativas, la mejora de la cooperación policial –especialmente a través de INTERPOL9–, la elaboración e implicación del sector privado (operadores turísticos, líneas aéreas), las reuniones de coordinación entre ONG y la inclusión del fenómeno en el plan de trabajo de las agencias internacionales, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, queda mucho por hacer, pues de los 122 países asistentes sólo 34 han adoptado ya Planes Nacionales de Acción. Entre éstos, sólo siete son latinoamericanos: México, República Dominicana, Brasil, Chile, El Salvador, Argentina y Costa Rica.
Cinco años después de Estocolmo, el gobierno de Japón, UNICEF, ECPAT y el Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño, organizaron el Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, que tuvo lugar en Yokohama (Japón), del 17 al 20 de diciembre pasado. Representantes gubernamentales, ONG, agencias de Naciones Unidas, medios de comunicación, niños y representantes del sector privado, volvieron a reunirse para evaluar los progresos realizados desde Estocolmo y proponer acciones futuras.
Hubo antes numerosas consultas preparatorias regionales, con el objetivo de aprobar planteamientos consensuados. Dos se deben destacar en América Latina10: la celebrada del 20 al 23 de febrero de 2001 en San José (Costa Rica) que reunió a ONG gubernamentales e internacionales de 20 países de América Latina, y el Congreso gubernamental regional celebrado del 7 al 9 de noviembre de 2001 en Montevideo (Uruguay), entre representantes gubernamentales, ONG, agencias de Naciones Unidas y numerosos expertos sobre el tema, organizada por el Instituto Interamericano del Niño11 y UNICEF.
El mayor éxito de Yokohama resultó la participación: más de 3.000 personas (se esperaban 2.000) y 134 gobiernos (122 en Estocolmo) se hicieron presentes. Se verificaron progresos innegables, pero no obstante en las conclusiones del Congreso se hace un llamamiento a los Estados para que ratifiquen con celeridad el Protocolo Facultativo y para que, aquellos que no lo hayan hecho aún, pongan en marcha planes nacionales de acción contra la explotación sexual infantil, tal y como se comprometieron en Estocolmo. El Congreso llamó la atención sobre la necesidad de luchar contra otras formas de violencia sexual que afectan a la niñez (mutilación genital femenina, matrimonio temprano, abuso sexual en la familia, embarazo precoz, etc.); de combatir no sólo la oferta, sino también la demanda, y de poner énfasis en la importancia de la educación sexual en la prevención del problema.
Lamentablemente, la negación de la ESI en América Latina ha ido también acompañada de falta de iniciativas respecto tanto al tratamiento de las víctimas como a la rehabilitación de éstas y de los explotadores. A los niños y niñas explotados se les sigue considerando a menudo como delincuentes: los procesos legales a los que deben enfrentarse así lo prueban. Los medios de comunicación siguen acudiendo al sensacionalismo, y así rostros y nombres sirven para identificar a las víctimas, mientras que los culpables se ocultan tras unas siglas anónimas. La sociedad da la espalda al problema y se muestra indiferente ante un mundo consumista cada vez más deshumanizado. Los compromisos políticos asumidos en foros internacionales, nunca llegan a la práctica por falta de voluntad política y una nula asignación de recursos técnicos y materiales.
Las consecuencias de la ESI, tanto físicas como psicológicas, son devastadoras. Además de repercusiones evidentes, como embarazos precoces, enfermedades de transmisión sexual, maltrato, etc., existen una serie de secuelas psicológicas muy difíciles de tratar, como la falta de autoestima, los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático o las fobias. La mayoría de las respuestas institucionales que se están dando en América Latina no parecen las más adecuadas, teniendo en cuenta que lo que suele ofrecerse son centros similares a los reformatorios represivos, desprovistos de atención profesional y de actividades que fomenten de manera efectiva la reintegración de estos niños en la sociedad. La labor de las ONG es, en este ámbito, ciertamente loable y alentadora, pues intenta suplir el vacío dejado por las instituciones, aunque resulte claramente insuficiente.
Para erradicar el ESI, es necesario que todos los actores (gubernamentales y de la sociedad civil) aúnen esfuerzos teniendo como guía el interés superior del niño y de la niña; ofrecerles una protección auténticamente integral; combatir tanto la oferta como la demanda (como en cualquier otro comercio ilegal); desterrar la idea de que un niño es una propiedad; prestar atención específica a la problemática de las niñas (principales víctimas de la ESI), y tener en cuenta su opinión en todo aquello que les afecte. La lucha no ha hecho más que empezar.
(Fuente: Nodal)
