El pasado 6 de noviembre, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, informó de que había decidido no abrir una investigación formal sobre el ataque, en el que fallecieron once ciudadanos turcos.
A raíz de la decisión de Bensouda, la Unión de las Comores tenía el derecho de solicitar a los jueces de la CPI que revisen la decisión de la fiscal de no abrir una investigación.
La fiscal dijo entonces que, tras un "análisis jurídico y concienzudo de la información disponible, había una base razonable para creer que se cometieron crímenes de guerra bajo la jurisdicción de la CPI en uno de los buques, el Mavi Marmara, cuando las fuerzas israelíes de Defensa interceptaron la Flotilla de Libertad de Gaza" en esa fecha de 2010.
No obstante, Bensouda explicó que, "después de evaluar cuidadosamente todas las consideraciones relevantes, había concluido que el potencial caso o los potenciales casos que surgiesen probablemente a raíz de una investigación sobre este incidente no serían de una gravedad suficiente para justificar acciones adicionales por parte de la CPI".
El requisito de la gravedad es un criterio jurídico explícito establecido por el Estatuto de Roma.
Esa carta fundacional del alto tribunal con sede en La Haya establece que la CPI debe "priorizar crímenes de guerra cometidos a gran escala o ejercidos con un plan o una política".
La CPI recibió el 14 de mayo de 2013 por parte de la Unión de las Comores una solicitud para investigar el asalto de fuerzas israelíes a la flotilla y Bensouda abrió entonces "un examen preliminar" del caso.
De los ocho buques que formaron la flotilla, solo tres estaban registrados en Estados Partes del Estatuto de Roma, en concreto en la Unión de las Comores (el barco Mavi Marmara), Camboya (el Rachel Corrie) y Grecia (Eleftheri Mesogios/Sofia).
