Además, el canciller canadiense, John Baird, anunció hoy que otro de los periodistas de la cadena de noticias qatarí podría ser liberado en los próximos días. El funcionario le dijo a la televisión pública de su país que su excarcelación es "inminente", sin dar más detalles.
Mientras en el mundo crece la expectativa por la posible liberación del periodista egipcio-canadiense, en El Cairo las noticias de las excarcelaciones quedaron opacadas por otra jornada negra en los tribunales.
Una corte egipcia confirmó su sentencia de diciembre pasado y condenó a pena de muerte a 183 militantes de la Hermandad Musulmana por el asesinato de 16 policías en el pueblo de Kardasa en agosto de 2013, apenas un mes después de que multitudinarias manifestaciones terminaran con el golpe de Estado encabezado por el Ejército contra Mursi.
Ese mismo tribunal había condenado 188 islamistas en diciembre, pero tras una revisión, exoneró a dos, dejó constancia que otros dos ya están muertos y redujo a diez años de prisión la condena a último, un menor de edad, según reportó la agencia de noticias EFE.
La decisión de hoy fue repudiada por el director regional de Amnistía Internacional, Hassiba Hadj Sahraoui.
"Las penas de muerte son apenas otro ejemplo de la parcialidad del sistema penal de la Justicia egipcia", sentenció el activista ante los medios internacionales.
En tanto, otro tribunal fijó para el próximo 15 de febrero el inicio de un nuevo juicio en contra del presidente derrocado Mursi. En este proceso, el Estado egipcio lo acusará de revelar secretos de la seguridad nacional a Qatar, una monarquía que apoya a la conservadora Hermandad Musulmana en Egipto y en otros países de Medio Oriente.
Se trata del cuarto juicio que la Justicia le inicia a Mursi desde que las Fuerzas Armadas lo sacaron de la Presidencia y lo arrestaron.
En 2012 y con el apoyo principal de la Hermandad Musulmana, una organización islamista conservadora, Mursi ganó las primeras elecciones democráticas de Egipto, apenas un año después del derrocamiento de Ehud Mubarak.
Un año después de la asunción de Mursi, el Ejército, que había sido leal a Mubarak, derrocó al presidente islamista, apoyado por manifestaciones multitudinarias que pedían detener la islamización del Estado.
Con el respaldo de millones de ciudadanos, el gobierno de facto inmediatamente impuso un nuevo régimen autoritario, en el que toda la oposición fue reprimida y perseguida judicialmente.
Durante los primeros meses del gobierno de facto mató a más de mil opositores islamistas y encerró a otro tanto. Más tarde completó la supresión de las voces disidentes en la calle imponiendo una ley que prohíbe cualquier manifestación y protesta que no haya sido previamente aprobada por el gobierno.
Esta ley golpeó el poco poder de movilización que le quedaba a la Hermandad Musulmana y también a los movimientos de izquierda y laicos que en principio apoyaron el golpe de 2013, pero que finalmente comenzaron a denunciar a las nuevas autoridades civiles y militares.
En medio de este clima, Abdel Fatah al Sisi, el jefe del Ejército que encabezó el golpe de Estado contra Mursi, fue electo presidente en unos comicios marcados por la escasez de candidatos y una gran apatía.
Legitimado en las urnas, Al Sisi calificó a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista y como la mayor amenaza para la seguridad del país.
Esta definición complicó la situación de todos aquellos que fueron detenidos durante 2013 y 2014 por sus presuntos vínculos con la organización islamista, entre ellos, tres periodistas de la cadena qatarí Al Jazeera, que fueron arrestados durante el apogeo de las protestas islamistas contra el golpe de Estado.
La Justicia los condenó a penas de entre siete y diez años de cárcel por desestabilizar al país y colaborar con la Hermandad. Después de 400 días tras las rejas y una masiva campaña internacional de presión, el gobierno de Al Sisi liberó y deportó ayer a uno de los tres periodistas, el australiano, Peter Greste.
Desde Sydney, a donde llegó anoche, el reportero habló con Al Jazeera y dijo que su liberación es "un gran paso adelante", aunque advirtió que sus dos colegas siguen detenidos.
"Siento todavía preocupación. Si es apropiado que yo sea liberado, también ellos tienen derecho a quedar libres", afirmó el australiano, en referencia a los egipcios Baher Mohamed y Mohamed Fahmi. Este último también tiene ciudadanía canadiense.
"Baher lo está pasando mal. Tiene mujer y tres hijos, el último de los cuales nació cuando él estaba en la cárcel, y sabe que es inocente, que se trata de un gran error", agregó en su primera entrevista desde su liberación.
Según el gobierno canadiense, la liberación de Fahmi sería "inminente".
