El sábado a la noche, a través de un escueto comunicado distribuido minutos antes de las 23, la filial argentina del banco informó la decisión del juez Griesa de autorizar al Citibank a pagar a los tenedores de bonos emitidos bajo legislación argentina.
Esto sucedió luego de que el Citibank argentina decidiera desprenderse del negocio de custodia de bonos en el país.
La decisión de Griesa -que aún no fue publicada de manera formal en la pagina web del juzgado- se alcanzó sobre el final de la jornada del viernes luego de dos días de intercambios de documentos y notificaciones entre el juez y la entidad, según contaron a Télam allegados a la causa.
Ese mismo viernes, la Comisión Nacional de Valores designó un veedor dentro del Citibank para monitorear el cumplimiento del pago a los acreedores, cuyo vencimiento opera el próximo 31 de marzo.
Desde El Calafate, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también se refirió a la cuestión. Dijo que "en la Argentina se cumplen las leyes argentinas", sin necesidad de señalar que la advertencia tenía un sólo destinatario: el Citibank.
Mientras esto sucedía en Argentina, en Nueva York, el equipo de abogados del Citi liderado por la abogada Karen Wagner, le transmitió al magistrado la "situación extrema" en la que se encontraba el banco si acataba su fallo del 12 de marzo.
En ese fallo, el juez Griesa le dijo al Citi que para no entrar en desacato con la justicia de EEUU no debía pagar los bonos reestructurados emitidos bajo legislación argentina, lo que de hecho pasaba a significar que la entidad debía violar la ley nacional.
Ante este cuadro de situación, la casa central del banco estadounidense ordenó a la filial argentina poner en marcha un plan para desprenderse de la custodia de esos títulos.
Si bien esa puede ser una solución factible, la cuestión es que el negocio de custodia de títulos no es transferible y no puede realizarse de un momento a otro en bloque, como sí se puede hacer con una cartera de depósitos o préstamos, cuando una entidad se retira de ese negocio.
Esto llevó a que le plantearan a Griesa que para desprenderse del mismo se requiere de tiempo.
Además, el Citi también le mostró a Griesa las declaraciones oficiales hechas por funcionarios del área económica respecto a que si no cumplía con el pago, la entidad iba a perder su licencia para operar en el país.
Griesa entendió finalmente que su interpretación del 'pari passu', ponía en situación de riesgo a un banco norteamericano, lo cual no deja de resultar curioso, a la luz del resto de los casos de terceros que se desataron a raíz de ello, incluidos bonistas europeos y norteamericanos.
En consecuencia, la entidad bancaria logró que la Corte del Distrito Sur de Nueva York dictara una "estipulación y orden por la que, entre otras cosas, no impedirá al Citi que su sucursal de Argentina cumpla con sus obligaciones de procesamiento de pago en relación con los intereses de los bonos en dólares bajo ley Argentina, que podrán ser pagados el 31 de marzo.
Además, el juez autorizó al Citi a que "ejecute su salida del negocio de custodia de títulos en Argentina, proceso que se llevará a cabo en total acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes", con miras a que en el futuro, la entidad norteamericana no participe en el proceso de pagos del gobierno argentino, y mientras dure el "desacato" de la Argentina.
Con esta estrategia presentada al juez Griesa, el Citi buscó priorizar mantener el negocio bancario en la Argentina, pese a que en el segmento de bonos la entidad es líder en el país.
Para el Citibank "el negocio de custodia representa aproximadamente el 2% de los ingresos de Citi Argentina y, por su propia naturaleza, no tiene relación significativa con el resto de sus actividades bancarias" que se desarrolla en el país.
El Citi reconoció eso al sostener ayer que la entidad " ha cumplido un papel relevante en la economía argentina durante más de 100 años y espera continuar desempeñando ese rol a lo largo de las décadas venideras".
