El problema aparece cuando el abuso por arañar una mayor liquidez termina por convertirse en un debate moral entre pagar impuestos en el lugar donde opera o evitarlos mediante paraísos fiscales. Y más, si cabe, cuando este dinero procede de fondos públicos.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que los países en desarrollo pierden al menos 100 millones de dólares al año por la evasión de impuestos de empresas privadas hacia paraísos fiscales. Una práctica cada vez más extendida, más cotidiana, y que se revierte en la falta de recursos para abastecer a la población de zonas concretas de sus necesidades más básicas.
“Uno de los objetivos reconocidos por el Banco Mundial es la reducción de la pobreza y la desigualdad en el mundo”, afirma en conversación telefónica con infoLibre Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón. Es por ello que no entiende por qué el organismo lleva años “proporcionando dinero a empresas que operan en países del África Subsahariana pero que utilizan paraísos fiscales sin un vínculo directo con su actividad principal”.
En concreto, según el informe The IFC and tax heavens que publica este lunes Oxfam Intermón, 51 de las 68 empresas que recibieron en 2015 dinero del Banco Mundial mediante la Corporación Financiera Internacional (CFI) –su filial de inversión– para financiar inversiones en África Subsahariana, utilizaron paraísos fiscales para eludir impuestos. Es decir, un 75% del total.
Estos desvíos generan “unas pérdidas de 14.000 millones de dólares, suficientes para cubrir todas las necesidades de acceso a la sanidad y educación de los niños del continente”, subraya Susana Ruiz.
El África subsahariana es una región que carece de fondos para contratar a personal cualificado para la atención al parto y para abastecer de agua potable a sus ciudadanos. Lo que se traduce en que uno de cada 12 niños mueran antes de cumplir los cinco años y que, de seguir en la línea, en 2030 existan 470 millones de personas viviendo en extrema pobreza, tal como estima el propio Banco Mundial.
Sin embargo, más allá del compromiso establecido por el organismo internacional que citaba Ruiz anteriormente, el cual permitiría frenar estas cifras, la presencia de empresas financiadas por el Banco Mundial a través del CFI se ha “más que duplicado” en la región en sólo cinco años.
Un incremento más que dramático
Según el informe de Oxfam, el valor de los proyectos destinados a empresas con estas prácticas en 2015 ha sido de 2,87 billones de dólares –el 84%–, frente a los 1,2 billones de 2010 –el 64% del total–. Un incremento catalogado por Oxfam Intermón como “dramático” y que, en palabras de Ruiz, significa que el Banco Mundial “no mira para nada en las empresas en las que invierte”.
Esta afirmación parte de que aunque la Corporación Financiera Internacional hace públicas las listas de los proyectos en los que invierte, así como información sobre sus patrocinadores, no da detalles sobre el tipo de estructura que tienen las corporaciones o del tipo de clientes e inversores que dispone; lo que posibilita la entrada de intermediarios financieros de los que “se sabe muy poco”.
“Se sabe muy poco sobre su perfil, dónde están ubicados, si están prestando los servicios adecuadas… pero estos intermediarios son los que al final va a volver a dar el dinero del CFI a empresas más pequeñas”, argumenta la responsable de Justicia Fiscal de la ONG, para añadir que esto supone un problema cíclico donde el ocultismo y la falta de información juegan un papel crucial.
Compromisos y realidades
El CFI dispone de unos estándares de actuación medioambiental y social al cual se deben adherir sus clientes. El problema es que estas bases no incluyen medidas relacionadas con los impuestos, pese a que luego estas se vean relacionadas con el desarrollo sostenible.
“El Banco Mundial debería asumir el riesgo que supone financiar a una empresa que pueda al mismo tiempo estar utilizando sistemas de planificación fiscal agresiva”, denuncian desde Oxfam Intermón. Y es que, pese a que en muchos casos la evasión se camufla por parte de terceros, en otros se realiza directamente.
Según las cifras que proporciona la ONG, en 2010 el número de proyectos localizados en un paraíso fiscal abarcaba el 12%, mientras que en 2015 ha ascendido hasta un 25%. Unas cifras que han sido denunciadas ante el Banco Mundial pero sobre las que “no ha habido una respuesta efectiva” a la denuncia planteada por Oxfam Intermón.
De hecho, una zona ocupa el 40% del total de los proyectos: las Islas Mauricio. Este paraíso fiscal es conocido por facilitar el round-tripping [inversión circular], un método por el que un inversor envía su dinero a un paraíso fiscal para luego invertirlo de nuevo en el país de origen como inversión extranjera directa y beneficiándose de exenciones fiscales y otro tipo de incentivos financieros.
“Es una práctica extendida, pero lo mismo que se ubican en las Islas Mauricio también hay otras muchas en Holanda, por ejemplo”, explica Ruiz. “Existen empresas de todos los sectores, grandes multinacionales, pero ninguna española –afirma–. No queremos dar nombres porque lo que queremos es concienciar de que es un problema global del cual el Banco Mundial es partícipe”.
“El Banco Mundial presta dinero público, sale de tus impuestos y los míos, por eso es una absoluta incoherencia que con nuestros impuestos se esté financiando la rueda del funcionamiento de los paraísos fiscales”, denuncia Ruiz, para sentenciar con contundencia: “Cuando tú estás dando dinero a una empresa que está evadiendo impuestos, estás alimentando la rueda de la evasión fiscal e impidiendo que países como los del África Subsahariana no puedan poner en marcha sus propios planes de desarrollo”.
*Por Miriam Puelles, InfoLibre
