En la sesión de este lunes, la comisión especial, integrada por 65 diputados, se dispone a votar el dictamen de su instructor, el diputado Jovair Arantes, quien recomendó someter a Rousseff a juicio político por supuestos incumplimientos a la Ley de Responsabilidad Fiscal en el presupuesto de 2014, pese a la opinión contraria del Gobierno, que califica el proceso de "golpe".
"Este no es el momento de dividir aún más al país", manifestó el presidente de la comisión, Rogério Rosso, quien instó a todos los diputados a seguir "rigurosamente" lo establecido en la Constitución y lo que dicten sus "conciencias".
Es absurdo destituir a una presidenta que no ha cometido delitos ni ha robado un centavo. Y un proceso como ese, sin delito ni dolo, será un golpe de Estado", declaró el abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo.
El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, insistió en que el proceso que determinará si la presidenta será sometida a un juicio político "está viciado", es "nulo" y viola "el derecho a la debida defensa".
Wellington Moreira Franco, político cercano al vicepresidente, Michel Temer, y un importante dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), afirmó en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros que el juicio político contra Rousseff "no es obra de una persona" sino fruto del "malestar" de la sociedad hacia el Gobierno, por lo que cuenta con una “mayoría robusta” en la Cámara de Diputados.
"El 'impeachment' solo se hace efectivo cuando hay una manifestación sustancial y vigorosa de la opinión pública. No es una cosa trivial", sostuvo. Franco, quien fue ministro en el Gobierno de Rousseff y de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el PMDB oye "con mucha atención el eco de las calles" y su posición a favor de la destitución de la jefa de Estado es "resultado de la maduración" de esa idea en la sociedad.
El exministro fue muy crítico con la política económica del actual Gobierno y se desvinculó de ella, asegurando que el PMDB fue "apartado" de las decisiones económicas mientras estuvo en la base oficialista. Aseguró que en un eventual Gobierno de Michel Temer, vicepresidente del Gobierno y primero en la línea sucesoria si Rousseff fuera destituida, mantendrá los programas de ayuda a los más pobres porque "no son tan onerosos" y hará un "esfuerzo muy grande" para que estos beneficien a sus destinatarios correctos, lo que consideró que no ocurre en la actualidad.
Al mismo tiempo, afirmó que impulsará obras públicas para crear empleo en el corto plazo y se comprometió a controlar la inflación tomando medidas como cambiar la política de reajuste del salario mínimo, para que no repercuta en el alza de precios de forma automática.
Todas las proyecciones de la prensa local y de los analistas adelantan que el informe de Arantes será aprobado en la comisión, por lo que el proceso debería proseguir en el plenario de la Cámara baja. En caso de que el proceso sea respaldado en la Cámara baja, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se inicia lo que sería el propio juicio político contra Rousseff.
Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo por un lapso de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara alta para el desarrollo del proceso. El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista, ha decidido romper con el Gobierno.
