En una entrevista concedida y publicada ayer martes por el diario francés Le Monde, la destituida presidenta de Brasil expresó su rechazo a quienes mediante argucias y pretextos facilitaron su reciente destitución del cargo por el Senado Federal.
Dilma Rousseff, elegida en 2010 y reelecta en 2014, perdió su mandato tras un turbulento proceso de nueve meses por unas supuestas manipulaciones de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2014-2015, pero conserva sus derechos políticos, lo que le deja la puerta abierta a una eventual nueva candidatura.
“Los protagonistas de mi destitución son la oligarquía brasileña, que con su decisión de apartarme del poder, sin quitarme mis derechos políticos, solo ha mostrado que no hay lógica alguna en este proceso contra mi mandato, que carece además de cualquier base legal", afirmó la destituida mandataria.
Rousseff señaló que los interesados en su destitución justificaron su impeachment con menciones a razones inconexas y vagas, tales como "un conjunto de acciones" de su política. Y en la Constitución brasileña, resaltó, no hay cabida para tales argumentaciones.
En esta tesitura, la exmandataria asegura que ochenta y un senadores no están capacitados para juzgar su política, porque esa tarea recae sobre toda la población, mediante elecciones generales directas.
En realidad, apuntó Rousseff, la verdadera motivación de su cese se puede hallar en el interés de la oligarquía brasileña de querer detener el proceso 'Lavado Express'.
Al respecto, explica que tal proceso pretendía destapar los resultados de investigaciones relacionadas con la corrupción, el lavado de dinero y la existencia de fondos reservados para la financiación de los partidos y las campañas electorales, que el nuevo presidente del Gobierno, Michel Temer, no ha tenido en cuenta en sus anunciados planes de ajuste.
Ayer mismo (martes), Rousseff partió de Brasilia (capital) para instalarse en Porto Alegre, desde donde ha prometido que dará batalla contra su sucesor Temer y sus mencionados planes.
