En el capítulo "Derechos Humanos. Agenda para Argentina", la ONG incluyó, ente otros temas, la libertad de expresión y el derecho de reunión en el contexto de protesta social; torturas y otros tratos crueles e inhumanos; el proceso de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación y la política exterior en materia de Derechos Humanos.
En cuanto al reclamo social que evaluó "en aumento" en América Latina y en la Argentina, AI advirtió sobre "una tendencia a presentar proyectos de ley y/o sanción de nuevas normas que intentan regular" el ejercicio a la libre manifestación, como el Protocolo de actuación para las fuerzas de Seguridad en manifestaciones públicas, que consideró que "no cumple con principios internacionales".
"Las protestas o movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de la libertad de expresión y de asociación, y del derecho de reunión, todos ellos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos a los que Argentina se encuentra obligada", resaltó.
En ese sentido, AI expresó que "preocupa que se presente a los movimientos sociales como una amenaza a la sociedad" y llamó a que "el espacio para la protesta y la reivindicación de derechos sea resguardado" por considerar "incompatible con el Estado de derecho la criminalización de la legítima movilización y protesta social".
Sobre la situación de la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra detenida desde enero de 2016 procesada por los cargos de "enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y malversación de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales", así como por "encubrimiento y amenazas en grado de tentativa", AI reparó en el pedido del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, que pidió su "liberación inmediata" por considerar que es "arbitraria", y advirtió que no cumplir "implicaría un quiebre en la histórica tradición de liderazgo en materia de derechos humanos".
Cabe destacar que ese organismo de las Naciones Unidas sesionará en la Argentina, en el mes de abril, para interiorizarse "in situ" de esta cuestión, invitado por el gobierno Nacional.
"Argentina es un país que por decisión de su mayoría ha decidido incorporar a su Constitución los tratados internacionales de derechos humanos y con ello el sistema de aplicación y monitoreo de implementación de esos tratados", remarcó la organización en su informe elaborado antes de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un fallo en el que resolviera que la Corte Internacional de Derechos Humanos no podía revocar fallos del máximo tribunal de la Nación.
En materia de violencia institucional, AI recogió información sobre torturas y malos tratos en la provincia de Mendoza y la muerte de un adolescente durante un incendio en el Instituto Luis Agote y recordó que en julio de 2016 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas observó "la violencia institucional penitenciaria que se manifiesta por el elevado número de casos de tortura y malos tratos" hacia los detenidos.
Si bien consideró un "avance" la sanción y regulación del Mecanismo de Prevención de la Tortura a nivel nacional, cuestionó "las dilaciones para su entrada en funcionamiento" y recomendó implementarlo a nivel federal y "promover la creación de mecanismos locales", además de "otorgar un marco de protección a quienes se atreven a denunciar" hechos de tortura.
Sobre los juicios por delitos de lesa humanidad, reiteró, como en otros años, su preocupación por "la lentitud en el avance de las investigaciones, tramitaciones y dictados de sentencia, que se deben en parte a la falta de integración de los Tribunales y la baja periodicidad de las audiencias".
La ONG hizo propio lo observado en 2016 por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en cuanto a la "adopción de recientes medidas de reducción de personal en distintas áreas destinadas a la protección de los derechos humanos", en especial las que competen a las víctimas del terrorismo de Estado, y recomendó "continuar con los esfuerzos por llevar ante la Justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos y proteger la seguridad y la integridad física de los testigos y los
acusados".
También pidió "fortalecer las instituciones destinadas al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, garantizando recursos y participación de la sociedad civil".
En otro tramo, AI se refirió a la obligación del Estado argentino en esclarecer el atentado contra la sede de la AMIA que en 1994 dejó 85 víctimas y recordó que en agosto de 2016 la Unidad Fiscal de Investigación AMIA identificó a la única víctima que no había sido reconocida, Augusto Daniel Jesús.
Entre las recomendaciones, pidió "garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares", así como "continuar con los esfuerzos para apoyar el juicio oral y público" a los responsables del encubrimiento de la investigación del atentado que se lleva adelante en los tribunales porteños "sin demoras innecesarias".
El capítulo dedicado a la política exterior en derechos humanos, la organización repasó el rol del Estado argentino desde el advenimiento de la democracia y ponderó el apoyo al "fortalecimiento de los órganos de protección internacional de los derechos humanos". Mencionó la presentación de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentado por el gobierno argentino a comienzos de 2016 y la decisión de "presentar voluntariamente el primer informe de avances sobre los ODS" en 2017.
Al mismo tiempo resaltó el aporte de 400 mil dólares por parte de la Argentina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -de la cual es miembro- organismo que a principios de 2016 había anunciado una aguda crisis financiera que amenazaba su normal funcionamiento.
También destacó que históricamente la Argentina "se sometió al escrutinio" de organizaciones internacionales que "reconocieron al Estado argentino haber aceptado participar de los procedimientos de presentación de informes" y recordó que por la detención de Milagro Sala "se encuentra interpelada por la ONU, la Comisión Interameriana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y por pares".
Entre otras recomendaciones, llamó a "implementar las obligaciones asumidas a través de la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos" y a garantizar que sean aplicados en todo el territorio, presentar los informes periódicos al Comité contra la Tortura y "cumplir con las decisiones de los órganos internacionales en el marco de los procedimientos individuales de denuncia".
Por último, alentó al Estado argentino a "continuar liderando políticas en materia de derechos humanos e impulsar propuestas de manera proactiva" a la vez que pidió "garantizar y promover coherencia entre las contribuciones para el desarrollo de nuevos estándares de derechos humanos en las instancias internacionales y el diseño e implementación de políticas públicas a nivel local".
