El auge del movimiento llegó el 23 de enero pasado cuando asistieron unas seis mil personas a la localidad de Durazno, presentaron un petitorio al presidente, Tabaré Vázquez; y se provocó la salida del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Allí, sellaron sus reclamos, y entre los siete puntos solicitaron “salir del atraso cambiario”.
La presión ejercida desde los distintos sectores ubica al Gobierno nacional en una encrucijada, explica en entrevista con NODAL el economista uruguayo Rodrigo Alonso: “Se enfrenta al dilema de seguir respetando privilegios o si, en cambio, se orienta a garantizar derechos”.
Es que, según Alonso -quien también integra el Consejo Editorial de Hemisferio Izquierdo-, lo que se plantea desde el movimiento es “una fuerte puja distributiva por el reparto de la riqueza y de la renta”, lo que implicaría un giro en la política económica nacional y la puesta en marcha de una devaluación. Ese reclamo, se puede ver en otro de los puntos entregados a Tabaré Vázquez, donde solicitan reducir el tamaño del estado y bajar el déficit fiscal y una nueva ley fiscal.
En respuesta, el Gobierno llamó a mesas de trabajo que aún no han satisfecho las demandas. Mientras tanto, el movimiento convoca a vigilias y cosecha adhesiones de la Asociación Rural del Uruguay, de la Federación Rural del Uruguay y del opositor Partido Nacional. A propósito, su principal representante, el senador Luis Lacalle Pou, pidió una “actitud austera en el manejo de las cuentas públicas y eficiencia en la gestión” del Poder Ejecutivo.
Ante la disputa, Alonso analiza las posibilidades que se presentan para el gobierno frenteamplista y los movimientos que se suceden entre la oposición y el contexto regional.
Por lo que se puede leer respecto el conflicto agrario en Uruguay se centra en la suba de tarifas e impuestos de diversa índole, ¿es así? ¿qué lectura hace de la situación económica actual?
El malestar de los sectores de los capitales agrarios aparece en principio asociado a los altos costos energéticos, del combustible; y a la carga impositiva, pero el principal problema que empieza a aparecer y que ellos mismos empiezan a poner sobre agenda es el tipo de cambio sobrevaluado. Varias estimaciones ubican un peso sobrevaluado el entorno de un 30 por ciento con respecto a su promedio histórico, por tanto, está presionando la rentabilidad del sector cambiario.
Esta situación se da desde que en junio de 2014 los precios de las materias primas en general empiezan a bajar, en Uruguay en particular, lo que baja la rentabilidad del sector. Eso no se acompaña por la suba del tipo de cambio, o sea una depreciación de la moneda o una devaluación. Entonces, por ahí no se recomponen los márgenes y se sigue transfiriendo recursos vía cambiaria por el peso sobrevaluado.
Esto se traduce en la situación económica actual como el ingreso a una fase más bien de meseta de crecimiento. Aunque en el último año se estaría creciendo a un 3 por ciento, ya el gobierno empieza recurrir a deuda para sostener el proceso de acumulación. Así se ve cada vez es más claro un presente y un horizonte que tiende a agudizar o a intensificar la disputa distributiva en la interna de la sociedad. Eso están manifestando los autoconvocados: están planteando una fuerte puja distributiva por el reparto de la riqueza y de la renta.
¿Cómo considera que esto impacta en los sectores rurales empresarios, pequeños y cooperativos, con sus respectivas diferencias?
En los sectores de menor escala o más ineficientes la situación actual los pone al borde de la quiebra. Luego el menor dinamismo de la economía del sector agroindustrial o agroexportador, en la medida que haya una menor rentabilidad, afecta a un conjunto de capitales adyacentes, comerciantes, transportistas, escritorios de venta de propiedades rurales.
Eso le otorga una base social mucho más amplia a este movimiento, incluso se están plegando algunos asalariados de esos entornos porque ven sus puestos de trabajo caer. Entonces, en una capa, creo que este conflicto está expresando un problema de sobrevivencia real. Y hay otra capa donde se encuentran los sectores más dinámicos y con mayor espalda para aguantar una crisis de rentabilidad que está expresando la oportunidad para mejorar sus márgenes de ganancias. Se trata, entonces, de una puja distributiva.
A nivel más general, diría que lo que está ocurriendo es un desplazamiento político relevante hacia la rearticulación de la derecha social y política en materia de agenda, de relato, de discurso y en materia programática… Están poniendo sobre la mesa la necesidad de un ajuste sobre los sectores asalariados, no lo dicen expresamente, pero en definitiva, la única forma de hacer sostenible una devaluación es que se descargue sobre la baratura del salario real y del gasto público.
¿Qué lectura hace de las mesas de trabajo que se conformaron a partir de la reunión con el presidente? ¿Cómo considera que se avanza hacia una resolución?
Las mesas de trabajo que se han planteado muestran lo que ha sido la estrategia del gobierno, que es básicamente de amortiguación y de fragmentación del bloque de productores. De alguna forma, los divide correctamente para que las concesiones a otorgar sean menores y no pongan en juego los finos equilibrios en los que se mueve el conjunto de la sociedad, más aún en un año donde va a haber negociación salarial en todas las ramas de la economía.
El problema es que esta estrategia no resuelve el problema de fondo y en el gobierno no se ve voluntad política ni intención de cuestionar lo que es la renta agropecuaria, esa masa de riqueza apropiada por los sectores terratenientes que representan un 40 por ciento del PBI agropecuario y que anualmente está en el entorno de los 1400 o 1500 millones de dólares, una cifra que para Uruguay es considerable. Y, sino se intenta avanzar positivamente por el control directo de alguna de esas parcelas de esa riqueza agropecuaria, creo que no hay condiciones para resolver el problema de fondo.
Ni siquiera hay condiciones financieras para plantear una estrategia o una política de sobrevivencia de los sectores de la pequeña producción familiar o de la mediana producción. Por tanto, o el gobierno se decide seriamente a avanzar sobre esa riqueza del flujo de renta agraria o, tarde o temprano, el ajuste va a terminar cayendo sobre la base asalariada.
¿Qué incidencia tiene la situación política económica de la región en Uruguay en este aspecto?
La victoria de las derechas regionales estimula este tipo de movimientos. Es clarísimo. Las dificultades económicas de la región también afectan el mantenimiento de equilibrios, porque a medida que se procesan ajustes en la región, lo que hacen es abaratar las fuerzas de trabajo de los socios comerciales, entonces hay una pérdida de competitividad por parte de Uruguay lo que obliga a la burguesía uruguaya también a hacer lo mismo para no perder pisada en la competencia internacional.
Diría que, de cualquier manera, lo que se está manifestando son las mismas tensiones que ya ocurrieron en la región o ya presentes en la región, que aparecen de manera amortiguada y diferida. Este conflicto es muy similar al de 2008 en Argentina con el tema de la famosa resolución 125.
La única diferencia es que en aquel caso fueron las retenciones, que era por lo que se peleaba -contra la suba impositiva-; y acá lo que se está peleando en el fondo es el tema del tipo de cambio. Creo que acá está en juego por dónde se sale al cruce de caminos que abre la crisis de los equilibrios progresistas: si se transita esa salida por la vía del ajuste sobre los ingresos del salario y el gasto público o se transita esa salida avanzando sobre los ingresos de los sectores privilegiados que, además, representan la capa de la sociedad con consumo suntuario y con excedente sobre los cuales uno puede cargar el peso de la necesidad del ajuste.
Así que este movimiento creo que deja una enseñanza: avanzamos sobre la renta agropecuaria y a ese flujo de riqueza lo convertimos en un flujo de riqueza común, al servicio de un proyecto nacional… O se desarma el equilibrio que sostiene a los procesos progresistas o de izquierda. En definitiva el gobierno se enfrenta al dilema de si sigue respetando privilegios o si en cambio se orienta a garantizar derechos.
Por Carla Perelló, NODAL
