En diciembre del 2015 ese tribunal resolvió que la zona es territorio costarricense y condenó a Nicaragua a pagar una indemnización, al considerar que la presencia militar y la construcción de tres caños artificiales violaron la integridad del territorio costarricense.
Posteriormente, Costa Rica determinó, mediante estudios ambientales, que el monto a pagar era de $6,7 millones. De esta cifra, $2,8 millones corresponden al daño ambiental y $3,9 a los costos de operación en que incurrió el país para mitigar lo sucedido.
Sin embargo, la indemnización fijada por la CIJ es muy inferior a la petición hecha por Costa Rica, debido a que no todos los montos solicitados por los diferentes perjuicios fueron aceptados por los jueces, quienes consideraron que algunos rubros no fueron demostrados de manera efectiva.
La Corte, por ejemplo, estableció que el gobierno de Daniel Ortega no debe cubrir el pago de instalación y mantenimiento de casetas policiales, la compra de equipo y vehículos todo terreno, el pago de personal, el transporte y reemplazo de suelos.
Entre los puntos aceptados que deben ser indemnizados están: materiales, sobrevuelos y construcción de un dique; compra de imágenes satelitales; degradación y pérdida de bienes y servicios ambientales en la zona afecada; compra de combustible y mantenimiento de aeronaves; sobrevuelos en la zona; así como las medidas empleadas para la restauración de humedales afectados.
El canciller costarricense, Manuel González, reconoció que la indemnización es muy distinta a la solicitada, pero añadió que el país es respetuoso de la decisión de la Corte.
A partir de ahora, Nicaragua tiene dos meses (hasta el 2 de abril de este año) para pagar la indemnización, de lo contrario, correrán intereses sobre el monto fijado por los altos jueces, quienes fijaron una tasa del 6% anual.
Costa Rica acudió a La Haya para que el organismo definiera el monto de indemnización luego de que venciera el plazo para que se efectuara el pago, el 16 de diciembre del 2016. En ese momento Managua comunicó que no tenía presupuesto para tal fin.
Durante un periodo de poco más de cinco años –desde octubre del 2010 y hasta el día de la sentencia (16 de diciembre del 2015)– Nicaragua excavó tres caños y, por lapsos de tiempo, estableció presencia militar en algunas partes de Portillos.
