Recientemente se dio a conocer la resolución de la Afip 91/2018 del 03/04/2018 (B.O. del 04/04/2018), que dispone otorgar mayor celeridad y sencillez a la disposición de los fondos embargados para usarlos para el pago total o parcial de las sumas demandadas con más el 15% de pago a cuenta de intereses y costas.
Al referirse a esta medida, el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Meyer, informó que sólo en 2017 sufrieron embargos 250.000 Pymes. APYME informó en varias oportunidades al secretario Meyer y a las autoridades de AFIP sobre esta problemática, sin obtener respuestas concretas. No se puede exagerar la magnitud del desastre si se considera que 2016 fue un año de fuerte caída de la actividad (que no compensó el repunte de 2017), y en 2018 las perspectivas son de fuerte estancamiento económico.
La actual medida de AFIP en el mejor de los casos puede significar un leve mejoramiento de los tiempos administrativos y judiciales, pero no resuelve el origen del problema: la acuciante situación fiscal de cientos de miles de empresas ante la falta de planes de facilidades de pagos y una moratoria adecuada para el sector.
Por estos motivos APYME exige declarar la emergencia fiscal de las Mipymes, que son el 95% del total de las empresas existentes, suspendiendo por 180 días los embargos y ejecuciones fiscales por deudas hasta el 31/03/2018 con refinanciación y moratoria a 120 meses de todas las deudas consolidadas incluidas los planes caducos y deudas en trámite administrativo y judicial.
Es indispensable que las autoridades, además de tomar nota de la ola de embargos, actúen para que las empresas que proveen más del 70 por ciento del empleo no lleguen a esta instancia.
El sector de las Pymes está en emergencia, y es urgente debatir y establecer políticas diferenciadas que contemplen su situación. Una verdadera agenda industrial y Pyme debe proponerse metas de desarrollo equitativo en beneficio de todos los sectores del trabajo y la producción nacional.
