En un documento aportado a este medio por la Defensora del Pueblo de Avellaneda, María Laura Garibaldi, quien participó de su elaboración junto con sus pares de todo el país, explicaron que "esta medida afecta a una población aproximada de 449.409 casos, en zonas donde la quita de recursos tendrá un altísimo impacto en las economías regionales de nuestro país; según datos obtenidos del propio “Informe Estadístico” de mayo 2018 que publica Anses y datos del INDEC.
"Del texto del Decreto, se desprende que:
1. En Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, la perdida por prestación ronda los $1.800 y afecta a 140.261 casos, eso significa $ $252.469.800 mensuales, lo que equivale a $3.282.107.400 anuales", señala el informe.
Prosigue relatando que "Las Provincias de Rio Negro, Neuquén, La Pampa; los distritos correspondientes a Mendoza y los departamentos de Formosa que tienen una población comprometida, suman un total de 260.785 casos. Se puede estimar una pérdida promedio del orden de los $ 450 lo que hace un total de $117.353.250 mensuales lo que equivale a $1.525.592.250 anuales".
Según los Defensores del Pueblo, "los departamentos de Salta y Jujuy que involucran una población de 48.363 casos, donde la pérdida ronda los $1.800 hace un total de $87.053.400 mensuales lo que equivale a $1.131.649.200 anuales".
Agregan que "esta medida logra un “ahorro” para el Estado total de $5.939.348.850 anuales, pero está “política del gasto público” afectada directamente a los niños, niñas y adolescentes de las zonas más desfavorables de nuestro país.
Este “ahorro” representa el 0,41 % del total del presupuesto anual de la seguridad social que es de $1.453.514.662.730".
"Aún queda por evaluar cual es el impacto de la disminución de los topes remunerativos para cobrar asignaciones familiares, las reformas en los trabajadores de temporada, donde se estima que muchos quedarán excluidos de estas prestaciones, y la imposibilidad que ambos cónyuges declaren los hijos para deducir ganancias", añade el documento de ADPRA.
"Antes fueron los jubilados con la ley de movilidad, ahora las asignaciones familiares bajando el tope para cobrarlas y eliminando las zonas desfavorables para las prestaciones por hijo y prenatal.
Estos sectores son los más débiles de nuestra sociedad, y son los que no pueden generar otros ingresos", finaliza.
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