"Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita", sostuvo Beraldi.
En un comunicado, el letrado insistió en que se le "impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo en el inmueble de la calle Uruguay".
Así, sostuvo que se violaron "expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en particular para este allanamiento".
"Todas estas ilegalidades ya fueron denunciadas ante la justicia penal competente, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y será puntualizada a cada uno de los jefes de bloque del Senado de la Nación", subrayó Beraldi.
También se quejó de que "el allanamiento en la propiedad de El Calafate fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana".
El abogado señaló que "las cosas que Bonadio ordenó secuestrar, no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación".
También sostuvo que "se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de Senadora de la Nación" y que "ni siquiera se salvó el único auto" de su representada, "una camioneta Honda del año 2009".
Sobre el allanamiento en El Calafate, Beraldi afirmó que "no se está preservando la cadena de custodia de las cosas que están siendo requisadas".
"El procedimiento comienza y termina cuando se le ocurre al juez. En cada interrupción, el domicilio queda bajo la disposición discrecional de la fuerza policial destacada por el magistrado, sin que se pueda tener supervisión alguna sobre ellos.
Concretamente: durante toda la noche no sabemos quién entra o sale de la casa y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa", puntualizó.
Beraldi consideró que esas acciones se suman "a la saga de dos años y medio de hostigamientos y persecuciones" contra Cristina Kirchner y afirmó que "ni siquiera se han privado de escuchar y difundir sus conversaciones privadas, seguir sus movimientos utilizando personal de inteligencia del Estado e involucrar a los miembros de su familia en las distintas asociaciones ilícitas" por las que fue denunciada.
El letrado evaluó que eso "constituye una etapa institucional que nos lleva a una sociedad pre democrática, en la que los derechos y garantías ciudadanos, al menos de los opositores al gobierno actual, son directamente eliminados".
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