Publicado por: Redacción
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Cultura
(30/11/16 - Universidades, Consejo Interuniversitario Nacional)-.El Consejo Interuniversitario Nacional se refirió a las imputaciones que involucran a 52 universidades, entre ellas la de Luján. "Las denuncias mencionadas resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país", planteó. “Resulta un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país”.
Luego de las denuncias efectuadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán contra 52 universidades nacionales, vinculadas a supuestas malversaciones de fondos públicos, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundió un pronunciamiento.
Según publicó El Civismo, el documento expresa que “las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país”.
“Respecto al contenido del planteo del fiscal, nos permitimos recordar que los presupuestos universitarios se conforman por ley del Congreso Nacional, más las partidas que se asignan a cada institución por programas específicos. En todos los casos, resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como externa, como señala la ley”, expresaron desde el CIN.
El organismo planteó que “sostiene y defiende en forma enfática la independencia del Poder Judicial de la Nación, así como la libre y más amplia actuación del fiscal”.
“Las universidades nacionales gozan de un generalizado prestigio entre nuestros conciudadanos, posición que se ha ganado a lo largo de la historia por resultar una efectiva herramienta de mejoramiento social, y las únicas instituciones públicas cogobernadas en las que el conjunto de sus integrantes deciden no solo el rumbo institucional sino, además, la gestión administrativa”, agregaron desde el CIN, que reúne a los rectores de las universidades nacionales.
La entidad consideró que “esta actividad jurisdiccional ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia de más de 400 años para ser una institución de gran valoración social hoy”.
“Sin duda, el daño moral es no solo a la institución sino también a todos los que realizamos tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en contextos sociales complejos y con presupuestos de austeridad, y que involucra a los estamentos docentes, estudiantiles, no docentes y egresados”, agregaron.
Por otra parte, “esperamos que, en momentos en que se encuentra abierta la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional, esta denuncia indiscriminada y con argumentaciones generales no afecte el necesario marco de equilibrio en la distribución de los recursos”.
“Nos ponemos a disposición del Poder Judicial, cuya independencia sostenemos para colaborar en la forma más amplia posible, para que, con celeridad, se pueda avanzar en la elucidación de estas denuncias genéricas y, de esta manera, despejar la sospecha que se ha planteado sobre el conjunto de las instituciones”.
“En el convencimiento de la probidad de nuestros procederes, continuaremos desde un ejercicio responsable de nuestra autonomía, en el marco de libertad y diversidad que caracteriza a la universidad argentina, con la formación de recursos humanos, la producción de conocimiento y el permanente diálogo y encuentro de saberes con la sociedad en pos de aportar a los procesos de desarrollo de nuestro país”, cerraron en el documento difundido esta semana.
