Los juicios por delitos de lesa humanidad que suceden a lo largo y ancho del país dejaron de ser una novedad: todas las semanas se abre una instrucción y, a cada mes, empieza una nueva audiencia.
A los ojos de los referentes internacionales de derechos humanos, Argentina es un caso modelo: nunca un país juzgó el Terrorismo de Estado con tanto nivel de complejidad. Porque, más allá de las cuentas pendientes y de los obstáculos de la corporación judicial –los casos de Pedro Blaquier en Jujuy y Vicente Massot en Bahía Blanca son emblemáticos de lo difícil que es avanzar en las complicidades civiles-, los represores se sientan en los banquillos de la más diversas de las provincias, de Catamarca a Neuquén, y desde los de una gran ciudad, como Buenos Aires, a un pueblo como San Rafael.
El epicentro del sur mendocino está viviendo el segundo juicio de lesa con un rasgo único y excepcional: un centro clandestino que funcionó en la sede de Tribunales, ante los ojos de fiscales, jueces y empleados judiciales. Los represores lo nombraban como “Casa Departamental” y tenía una estructura de tres calabozos, donde se llevaba ilegalmente a detenidos y se los torturaba.
Para Pablo Garciarena, fiscal de la megacausa que tiene 72 víctimas y 26 imputados entre los que figura un ex intendente, “la coordinación entre la policía mendocina y los militares fue determinante para aceitar el mecanismo de la represión en una región donde todos se conocían con todos, pero que sin el apoyo de la justicia eso no hubiera sido posible”.
En una entrevista exclusiva con Infojus Noticias, sentado en la mesa de un hotel céntrico de San Rafael con las cuarenta causas del juicio en las manos, el fiscal cuenta que ya se llegó a la mitad de las audiencias: en agosto llegarían los alegatos y, al mes siguiente, la sentencia.
Cuna del turismo cuyano, la pequeña ciudad frutera y vitivinícola, de 200 mil habitantes, saca a relucir las sombras de un pasado de pago chico, donde la cercanía entre víctimas y victimarios fue tan estrecha que se sospecha de una amplia colaboración civil en la delación y la entrega de nombres de militantes políticos a las fuerzas represivas. La brutalidad de los verdugos se expandió hacia las áreas rurales, donde hubo operativos represivos sobre las casas de familia y se aplicó tortura sin discreción, al igual que en espacios urbanos, donde se concentró la actividad sindical y política.
¿Qué importancia tiene esta megacausa en la región?
El primer juicio tuvo más legitimidad social pero ahora no hay cobertura mediática y apenas concurren los familiares y los organismos de derechos humanos: en la comunidad se sigue pensando que es un tema del pasado. Es el quinto proceso en la provincia, en total tenemos tres en Mendoza capital y dos en San Rafael.
En términos de causas acumuladas, es el segundo en importancia en la provincia después del juicio a jueces, que es muy importante porque eran los mismos funcionarios judiciales que no dejaban avanzar los expedientes de lesa humanidad hace unos años. Allí estamos hablando no solamente de complicidad, sino de coautoría: Luis Miret, Otilio Romano y otros formaron parte del aparato represivo.
En San Rafael, la responsabilidad judicial no la tenemos probada. Lo que sí impacta es que hubo jueces de falta que tenían el despacho en “La Departamental”.
¿Y eso qué significa?
Hay víctimas que fueron detenidos, los torturaban y después los liberaban y se iban caminando a su casa, porque vivían a una cuadra del centro clandestino. A los represores los veían en el supermercado, en la Iglesia. Otra arista es el personal de civil que hacía inteligencia.
Hay muchos ciudadanos que fueron partícipes en la medida que daban información respecto de la vida y la actividad de las víctimas. Marcaban los lugares y facilitaban la tarea represiva. Tenés historias como la de un milico que fue padrino de matrimonio de un militante y los persiguió de cerca. Así hay muchos ejemplos: entre amigos o parientes se vigilaban de cerca.
¿Cómo se coordinaba la inteligencia civil?
La mayoría de los militares venía de afuera, como Luis Rizzo Avellaneda o Aníbal Guevara, y no tenían idea de lo que pasaba a nivel local. La inteligencia estuvo sostenida en esos informes civiles, que eran coordinados por el Destacamento de Inteligencia Batallón 144.
Está el caso de un civil que después se profesionalizó y pasó a formar parte de la SIDE. Algunos eran rentados y otros no, colaboraron porque se identificaban de alguna manera en la lucha contra la `subversión´. El caso emblemático es el del abogado Cuervo, que dejó el servicio militar y se sumó al servicio de tareas por convicción.
El peso de la Iglesia fue otro factor de consenso ideológico. ¿De qué modo se instrumentó ese apoyo?
El caso paradigmático es el del cura Franco Reverberi Boschi, pero está refugiado en Italia y la justicia rechazó la extradición. Tenemos probado cómo, en su rol de capellán del ejército, presenció interrogatorios y participó en sesiones de tortura. Muchos represores se reciclaron en la democracia.
El ex intendente de facto Luis Stuhldreher trabajó con Julio Cobos. Efrain Ferreyra se refugió como periodista de LV4 Radio Nacional. El comisario Oscar Pérez fue funcionario del juzgado federal. Todos, hasta 2012, que es cuando fueron detenidos, gozaron de total impunidad. Me gustaría profundizar en la cuestión eclesiástica…
¿En qué sentido?
En San Rafael existe una gran presencia política de la Iglesia. En la Villa 25 de Mayo está “El Verbo Encarnado”, que es un brazo ortodoxo. Tienen presencia en los jóvenes, realizan una actividad social permanente, y políticamente son muy fuertes. Hace unos años la APDH y la MED habían presentado un recurso de amparo para bajar la imagen religiosa de las escuelas públicas y se armó un gran escándalo. La Marcha de la Vida es el 23 de marzo, que es el día internacional del Niño por Nacer, y es un contraste grande con el Día de la Memoria, que es al día siguiente.
¿Y la complicidad empresarial?
No hubo una complicidad empresarial tan directa como la que existió en otros lugares. Es decir, hubo empresarios que tenían una coincidencia ideológica con el régimen y tuvieron algún tipo de colaboración pero no pudimos tener las pruebas suficientes para llevarlos a juicio.
Quizás con los testimonios de este juicio se revelen más pruebas. La intimidad de los represores con las víctimas era la típica de un pueblo chico. A un detenido lo iba a buscar un policía que había sido su compañero de escuela. Si aparecía Gendarmería y le decía a las empresas que necesitaban un vehículo, los empresarios se lo daban.
Y lo mismo pasaba con los vecinos: si un policía les allanaba la casa y después se lo llevaba para interrogarlo, estaba mal visto en el pueblo expresar algún tipo de resistencia. Había que ir.
Por el testimonio de las víctimas, parece que nadie esperaba la dimensión real de la represión.
El accionar represivo fue el mismo que en Buenos Aires, pero la diferencia es que enfrente tenían pibes de veinte años que tenían una militancia social a una escala barrial. Aquí no existieron operativos de guerrilla ni cuadros importantes.
El blanco fue la Juventud Peronista (JP), pero los cuadros tenían una militancia de superficie, muy territorial y pública, donde todo el mundo los conocía, como los casos del “Negro” Tripiani y Aldo Fagetti. La mayoría de esos militantes siguió trabajando en el territorio. Y cayeron todos.
¿Por qué los detienen? Los represores les dicen que porque eran negros y peronistas. No había militancia universitaria porque no había Universidades. Las bombas que se pusieron fueron colocadas por la misma policía, una de ellas en la farmacia del ex intendente peronista Alberto Martínez Vaca.
¿Cómo fue la preparación represiva antes del golpe militar?
No existió “La Triple A” pero las fuerzas de derecha se fueron militarizando. Los sindicatos dieron un vuelco reaccionario, como la UOCRA, cuya conducción entregó militantes. Mendoza fue un lugar de tránsito: muchos guerrilleros iban escapando hacia el sur, los militares tenían el dato y los engachaban.
En San Rafael, se planificó la represión meses antes del golpe: a Aldo Fagetti, por ejemplo, lo desaparecen en ese lapso. La llegada de Luis Stuhldreher como capitán del Ejército es clave: allí empieza la mesa chica de la inteligencia.
Después se instala como interventor. Se planifican los operativos y las detenciones específicas, pero muchos de los operativos fueron discrecionales, con una autonomía relativa respecto al centro que era Mendoza capital.
No hay lógica de por qué algunos desaparecieron y otros no, tenemos casos de personas que son detenidas o desaparecidas sin haber estado en ninguna acción política o ideológica.
La represión se dio hasta el ´78, luego existieron hechos aislados. El circuito represivo lo comandaba el mayor Luis Suárez –fallecido- y tenés a represores como Labarta, Rizzo Avellaneda, Fierro, Guevara, todos ellos figuraban en los operativos. La represión no necesitó una escala tan grande.
Lo que llama la atención es que había centros clandestinos en cualquier rincón del pueblo. En bodegas, en radios, en una oficina del Correo, hasta en Tribunales.
El ejército toma el poder de todos los espacios públicos. Al ser un pueblo chico, no necesitaban esconderse. Las acciones ilegales se hicieron en lugares públicos, como el palacio judicial.
No hay un rafaelino que no lo supiera, aunque quizás desconocían las atrocidades. El aparato comunicacional decía que los subversivos eran delincuentes y había consenso. En San Rafael hay 18 desaparecidos y 200 detenciones ilegales, pero eso sale a la luz recién en los ´80.
La cantidad de prueba documental que tenemos es impresionante: libros de comisarías, de los ingresos a centros clandestinos, de los traslados, los tránsitos. No quemaron nada, todo lo registraron y quedó intacto. Hay cosas insólitas, como el certificado de libertad trucho que les dieron a algunos detenidos.
Ese documento estaba firmado por el abogado, el jefe represivo y el médico -el abogado Egea fue condenado en el primer juicio, y el médico falleció- del centro clandestino. El nivel de impunidad era impresionante. Acá se los torturó a cara descubierta, los represores como Guevara se presentan en los secuestros diciendo “qué tal, soy el teniente Guevara, vengo a detenerlo”, les permiten a los familiares llevarles comida a los centros clandestinos.
Después de este segundo juicio, ¿qué queda por investigar?
Aún seguimos recibiendo denuncias de detenciones. El 80 por ciento de este juicio salió del primer juicio y por éste ya hay entre diez y veinte casos que están en instrucción. Uno de los hechos a profundizar es el rol de los funcionarios judiciales de “La Departamental”.
También la responsabilidad de la Cámara de Comercio y algunos empresarios, que tuvieron reuniones con militares. A Luciano Menéndez, jefe represivo de la zona, todavía no lo pudimos sentar en el banquillo. Somos conscientes que en San Rafael se quebró la impunidad.
Quizás no tenemos la distancia histórica para valorar lo fundacional de estos juicios en la consolidación del Estado de Derecho. En este pueblo hubo mucha militancia de base, los militantes vivían en barrios pobres, y que hoy puedan venir a sentarse a declarar después de tantos años es una acción reparadora impresionante, porque vence el miedo y visibiliza de qué forma la sociedad fue víctima de un aparato represivo.
La mayoría de las víctimas dice que no ponía bombas, sino que hacían política como se hace ahora. El Tribunal que las escucha representa el Estado: el mismo Estado que les arruinó la vida, ahora toma registro de su discurso vivencial y les cree. La prueba más importante es el testimonio, es la columna vertebral de la prueba. Lo que pasa en cada audiencia tiene un valor jurídico y emocional que no está ocurriendo en ningún país del mundo.
*Por: Juan Manuel Mannarino, Infojus Noticias
Fotos: Sergio Goya.
