La titular del Programa de Rescate de Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Zaida Gatti, declaró hoy en el juicio por trata que se realiza contra el dueño de un prostíbulo que durante casi 20 años funcionó en el centro de Ushuaia, la ciudad más austral del país. “Es el primer caso en el que intervino el programa en esta provincia”, confirmó Gatti a Infojus Noticias, después de declarar durante casi dos horas ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego.
La causa por el delito de trata de personas apunta a Víctor Morales, el propietario del prostíbulo Black and White y a cinco colaboradores, entre los que se encuentran sus hijos y su ex pareja. El expediente reúne una serie de denuncias. Una de las primeras, de marzo de 2010, cuando una mujer buscó ayuda en una comisaría de Rosario, en Santa Fe, porque su hija había viajado a Ushuaia y le había enviado un mensaje de texto en el que le advertía de una situación sospechosa.
Ese mismo año, un mes después, la Procuraduría que asiste a los fiscales de todo el país en la investigación de la trata (PROTEX) recibió un alerta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en la que advertían sobre un anuncio publicado en el diario Clarín del 4 de octubre de 2009, a través del cual convocaban “señoritas para cabarets en Ushuaia”.
La investigación se complementó con un informe de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que informó sobre otros del mismo tenor, publicados entre diciembre de 2011 y enero de 2012.
El funcionamiento del prostíbulo
“El caso era complejo”, recordó Gatti. Y señaló que el lugar funcionaba en la localidad sureña a la vista de todos. “Estaba naturalizado”, puntualizó. “En Clarín, publicaban avisos clasificados muy explícitos, convocaban a las mujeres al cabaret, dejando los datos de contacto del dueño”, remarcó.
Además, a través de la página web del local, promocionaban la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad a las que hacían viajar desde otras provincias o países limítrofes.
El fiscal ad hoc Pedro Rota, cuando presentó la elevación a juicio en octubre de 2014, remarcó que la página web ya no estaba activa. Pero indicó que, en una impresión tomada del historial del sitio, se leía que el lugar funcionaba desde hace 18 años.
Textualmente, reconocía la explotación sexual de 25 mujeres, en el prostíbulo al que describía con “un espacio VIP en su segundo piso, haciendo de este el lugar más caliente de Tierra del Fuego”.
Los allanamientos en el prostíbulo, la casa de los imputados y el lugar donde vivían las víctimas se concretaron en abril de 2012. En ese momento, eran explotadas en el lugar alrededor de 15 mujeres.
Según la acusación, Morales tenía montada una estructura que le permitía captar víctimas en distintos puntos. Su ex pareja, María Ledesma, llegó a este juicio acusada de colaborar en el traslado de las víctimas hasta Ushuaia, y sus hijos, Alejandra y Mauro Morales Ledesma, por hacerse cargo del funcionamiento del prostíbulo, junto a Mirta Puglia –“mami”, “mamá” o Marcela Rey- y Cristina “Camila” Ramírez.
Víctimas del sistema prostibulario
“Todas llegaron a Ushuaia desde otras provincias, algunas incluso de República Dominicana, y venían de situaciones que las ponían en una situación de extrema vulnerabilidad”, comentó Gatti.
La titular del Programa de Rescate recordó que, cuando llegaban a Ushuaia, estas mujeres tenían una deuda. “Les decían que tenían que devolver el valor del pasaje en avión” y, después, se la iban aumentando “con los 300 pesos que pagaban por el alojamiento y lo que tenían que pagar por ropa y comida, y las multas por llegar tarde o por no limpiar, por ejemplo”, dijo Gatti.
En ese sentido, la funcionaria aseguró, en la audiencia del juicio oral: “Nadie consiente su propia esclavitud”. Lo dijo en respuesta a los reiterados intentos del defensor de Morales de dar a entender que las mujeres explotadas en Black and White podrían estar allí por su “propia voluntad”. “No todas las mujeres que estuvieron allí fueron víctimas del delito de trata, pero sí eran víctimas del sistema prostibulario”, explicó Gatti.
La titular del programa, que participó en el rescate de 8.894 personas víctimas de trata, contó a esta agencia que ninguna de las mujeres rescatadas en 2012 va a declarar en este juicio. Algunas ya no viven en las direcciones que informaron en el momento en el que fueron rescatadas; y otras atraviesan situaciones de padecimiento de su salud mental que, de declarar, las expondría a una situación de re victimización.
El debate –ante el tribunal integrado por Luis Giménez y Joaquín Ruggero, y presidido por Ana María D'Alessio– se reanudará el 9 de septiembre. De completarse según el cronograma previsto, concluiría el 11 de ese mismo mes.
*Por: Milva Benítez, Infojus Noticias
