El gobernador Alejandro García Padilla decretó la suspensión del pago de las obligaciones generales garantizadas por el Estado Libre Asociado (ELA) y las de otras entidades públicas. De este modo, el mandatario puertorriqueño puso en marcha, tal como había anticipado, la Ley de Moratoria, Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, justo el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la legislación Promesa (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act).
El gobernante boricua aplaudió la decisión de Obama porque, dijo, permitirá la reestructuración de la deuda pública de 70 mil millones de dólares, precisamente a punto de incurrir este viernes en un impago de unos mil 900 de dólares.
A partir de la medida de García Padilla se detiene la transferencia del impuesto al consumo del cigarrillo a la AMA (Autoridad Metropolitana de Autobuses) y los pagos a la Autoridad de Edificios Públicos por concepto de arrendamiento de las entidades gubernamentales declaradas en estado de emergencia.
"De esta manera, la administración continúa tomando pasos históricos para asegurar la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, aún en medio de la delicada situación financiera por la que atraviesa el país", señaló en declaraciones escritas emitidas por La Fortaleza, sede del Ejecutivo.
A tenor con los pasos dados, queda suspendida cualquier obligación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para incluir una consignación en el presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa para el pago de los bonos emitidos por la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico.
García Padilla declaró en estado de emergencia la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, el Sistema de Retiro de Empleados, la Compañía de Fomento Industrial y la Universidad de Puerto Rico (UPR) para protegerlas de litigios que ofrece la Ley de Moratoria Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico y proporcionar al gobierno los recursos necesarios para su operación.
