Mientras países como Perú, Colombia, Ecuador, Panamá o República Dominicana suspendieron las contrataciones a la firma nave insignia del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, el Gobierno de Mauricio Macri parece haber tomado un camino opuesto, ya que diversos funcionarios de primera línea fueron denunciados por "pagar el silencio" de Odebrecht con $1220 millones de los jubilados.
Según la presentación judicial del diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV) Rodolfo Tailhade, los miembros del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Pedro Lacoste; el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato; el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso; y el exdirector del FGS Luis María Blaquier deben ser investigados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones.
"Se trata de un arreglo del gobierno nacional para pagarle el silencio a Odebrecht", aseguró Tailhade en diálogo con Política Argentina, en referencia a dos operaciones a través de las cuales, según evaluó, el Ejecutivo de Macri habría transferido recursos del FGS -dinero de los jubilados- a la constructora brasileña a través de obra pública y venta de acciones de empresas para garantizar que los involucrados en el caso de corrupción conocido como Lava Jato no salpiquen a funcionarios PRO.
La denuncia refiere a dos hechos que, según el legislador, son "operaciones fraudulentas en perjuicio del FGS de ANSES, que significa robarse la plata de los jubilados en beneficio de Odebrecht".
El primer caso refiere a Córdoba y la forma de financiación que eligieron el gobierno nacional y el de esa provincia para pagarle a la constructora brasileña por los seis sistemas de gasoductos troncales a cargo de la filial argentina de la brasileña Odebrecht mediante el decreto Nº 1250, publicado en el Boletín Oficial.
El Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,125 % con vencimiento en 2026, por 150 millones de dólares, emitidos por la provincia de Córdoba y garantizados con recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.
"El bono forma parte del programa de emisión de títulos de deuda por hasta un valor nominal de 260.000.000 de dólares, creado a través del decreto 250/2016 del gobierno de la provincia de Córdoba, con destino a financiar la ejecución de la obra “Programa Integral de Gasoductos Troncales de la provincia de Córdoba: Sistemas Regionales Oeste, Punilla II, Anillo de Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta 2 y sureste”, cita la denuncia.
Al mismo tiempo, ese Comité aprueó la monetización, es decir la conversión de esos bonos en efectivo, de los títulos de Deuda Pública Garantizados Clase Única EPEC emitidos por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, que integraban la cartera del FGS desde 2011 a partir de la suscripción de un bono también emitido por el gobierno de Córdoba, y que pagaba una tasa anual en dólares del 12,5 %.
"Según informa el acta, el Lic. Blaquier propuso invitar formalmente a las siguientes entidades financieras a fin de que participen de la monetización: Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley y HSBC, en virtud de que “ya han manifestado interés en el activo”, relata el texto judicial.
Según Tailhade, se decidió "vender la tenencia del bono conocido como Pilar (por el nombre de la central eléctrica cuya construcción fue financiada con este instrumento) o bono EPEC, un activo financiero muy preciado en el mercado dado que su rendimiento es de 12.5% en dólares, tasa difícil de conseguir" y, al mismo tiempo, adquirieron "un bono, también de la provincia de Córdoba que tiene un rendimiento del 7.125%".
A través de esa operatoria, según el legislador kirchnerista el Estado perdió 75 millones de dólares de los jubilados, lo cual, al cambio actual, significa 1200 millones de pesos.
"A esta administración perjudicial debe agregarse la posibilidad de intereses personales entre los miembros del Comité, en atención a la vinculación de algunos de los funcionarios involucrados con los bancos beneficiados por la operatoria aquí denunciada. A saber, el Sr. Blaquier formó parte del Goldman Sachs, donde trabajó durante 13 años . El Sr. Caputo fue el titular de la sede argentina del Deutsche Bank y trabajó también en la JP Morgan", agregó Tailhade respecto de los supuestos beneficios económicos personales que habrían obtenido algunos de los funcionarios denunciados.
La otra operación, que sumaría $20 millones más de pérdida en efectivo de los fondos del FGS, es la que refiere a la venta de acciones de la empresa química Solvay Indupa a la firma brasilera Unipar Carboclor, que pertenece a Odebrecht "a través de su controlada Braskem (un gigante del sector químico)".
¿Por qué? Según se explica en la denuncia, "resulta de suma evidencia" que la aprobación en enero de 2017 de "la venta de acciones de Solvay Indupa a un precio de Oferta Pública de Adquisición (OPA) informado en julio de 2016, con todo lo que ello implica en un año de tantos cambios en términos macroeconómicos, resulta desde todo punto de vista inadecuado y por lo tanto irregular. La CNV debería haber tomado la cotización de la acción del último semestre de 2016, y hubiera por tanto tenido que rechazar el precio, porque le promedio arrojada $3,70 por acción".
"El precio promedio de la acción de Indupa desde que volvió a cotizar tras su última interrupción, el 18/7/2016, hasta que ANSeS acepta vender a $3,42 es de $3,72. Como se ve, el precio de venta es $0,30 menor al promedio de cotización entre julio de 2016 y febrero de 2017, lo cual representa una pérdida de más de $20.000.000 para el FGS, dada su tenencia accionaria", asegura la denuncia, señalando que la venta de las acciones argentinas a la firma controlada por Odebrecht implicaron un perjuicio económico para el Estado argentino.
*Por Marcelo Rielo, Política Argentina
