El primer alegato estuvo a cargo de Julio Agnoli, defensor oficial de Mulasano, quien realizó un detalle de cada uno de los nueve casos que se le imputan a su cliente y solicitó se lo absuelva, tanto por las privaciones ilegítimas de la libertad como de los tormentos.
Al contrario de lo que adujo ante el Tribunal Mulasano, quien se jactó de "dar academia" en el tema explosivos y tener subordinados, Agnoli lo caracterizó como integrante de un "primer eslabón" en la cadena represiva y de pertenecer en los años de la dictadura "a una de las categorías más bajas de la policía" de la provincia. Cuestionó que el fiscal Martín Suárez Faisal "no fue específico" en su acusación y consideró que Mulasano "debe responder por lo que hizo" y no por los hechos que cometieron otros integrantes de lo que denominó "aparato organizado de poder". Hizo un pormenorizado análisis de las declaraciones de los testigos a lo largo del tiempo, tanto en la etapa de instrucción como en las declaraciones efectuadas en la Causa Sambuelli y en la que se ventila actualmente.
Por ejemplo, menciona que el testigo-víctima Alejandro Córdoba (secuestrado en septiembre de 1976) no habló de Mulasano en sus declaraciones de 2006 y 2008, aunque sí al deponer en la Causa Sambuelli, cuando dijo haberlo visto en San Justo mientras era trasladado desde Reconquista a Santa Fe, por lo que opinó que "no puede darse crédito a una declaración contradictoria".
En el caso del testigo Juan Carlos Domínguez, admitió Agnoli que si su defendido es hallado culpable de privación ilegítima de la libertad debe serlo como "partícipe secundario", en tanto en un par de casos dijo que Mulasano no puede ser condenado por la detención porque formaba parte del grupo policial para hacer requisas en su carácter de especialista en explosivos.
En cuanto a la acusación de tormentos, el abogado dijo que los hechos que se le imputan a Mulasano no lo son "según la doctrina" en ninguno de los casos.
Posteriormente realizó su alegato Gonzalo Miño, defensor de Noce, quien luego de realizar un análisis de cómo era la ciudad de Vera en 1977 y de las características del cuartel de Santa Felicia de la Guardia Rural Los Pumas consideró que resulta "una banalización de la tragedia" que sufrió el país durante la dictadura decir que los hechos investigados en este juicio "deben enmarcarse en un plan sistemático" y en esa línea planteó que "no hubo delitos de lesa humanidad".
También hizo un repaso caso por caso y luego de referirse a José García y a Alberto Romero se detuvo en el testimonio de Héctor Manni, al que calificó de "falacia", y dedicó varios minutos a intentar demostrar que Noce no participó de un acto por el Día de la Bandera el 20 de junio de 1977 en la escuela de Fortín Olmos donde el testigo-víctima era director, oportunidad en la que dijo haber reconocido a su captor y torturador.
En su alegato, Miño dijo además que algunos de los testigos no conocían a Noce y que "incorporaron su nombre después", al tiempo que mencionó que el hecho que Noce actuara a cara descubierta y a plena luz del día prueba que las acusaciones contra su defendido no son ciertas.
Miño contó luego intimidades vividas con su defendido antes del juicio, como cuando le pidió mientras comían pizza que declarase y dijese "la verdad" y después de aclararle al Tribunal que estaba "pidiendo el beneficio de la duda" para que su cliente sea absuelto, lo calificó como "una gran persona, que dijo la verdad".
Tras concluir el alegato de Miño, el presidente del Tribunal, José María Escobar Cello, dispuso un cuarto intermedio para luego escuchar las réplicas del fiscal Suárez Faisal, quien sin embargo prefirió abstenerse del uso de la palabra debido a que no escuchó de parte de los defensores "argumentos esenciales que no hayan sido debatidos" con anterioridad, en una postura que compartió el abogado querellante Iván Bordón.
Ante ello, Escobar Cello citó a las partes para el viernes a las 9, cuando se le ofrecerá a los acusados ejercer el derecho a unas últimas palabras antes de la lectura de la sentencia, prevista para el mediodía.
Mulasano y Noce debían ser juzgados en 2013 por la llamada "Causa Base Aérea", en la que fue condenado a 21 años de prisión el comodoro (RE) Danilo Sambuelli, pero en esa época estaban prófugos.
Por esa razón, esta causa es considerada un desprendimiento de la que juzgó la actuación de los integrantes del circuito represivo del norte santafesino, que incluyó el cuartel de Los Pumas, la Jefatura de policía de Reconquista y la Base Aérea de la misma ciudad.
