Dos semanas de ácidos intercambios entre la Fiscalía Nacional y Carabineros de Chile terminaron días atrás con el cierre de una investigación por la falsificación de pruebas, según un dictamen del Tribunal de Garantía. El delegado regional del INDH, Federico Aguirre, interpuso en el Juzgado de Garantía de Temuco el reclamo en el cual se argumenta que el cuerpo policial chileno habría vulnerado los derechos de ocho mapuches imputados.
Durante la llamada Operación Huracán, lanzada en septiembre pasado fueron detenidos los dirigentes indígenas, en prisión preventiva hasta su liberación reciente por el sobreseimiento de la causa.
La Operación Huracán se desarrolló sobre la base de presuntas intercepciones telefónicas por redes sociales en las que los dirigentes coordinaban los atentados, mensajes que, según explicó la Fiscalía, fueron plantados.
Pericias forenses a los teléfonos celulares (algunos ni siquiera con aplicaciones de SMS instaladas), detectaron que 'el formato de los archivos no es la forma en que se almacenan en los teléfonos'.
La quema de 58 camiones y algunos inmuebles condujo a la cárcel bajo sospechas a Héctor Llaitul, uno de los líderes mapuches y a varios de sus compañeros.
Al presentar la querella, el INDH argumentó que se procedía de esta forma 'ante la gravedad de los hechos denunciados por el Ministerio Público, en orden a que se adulteraron e implantaron pruebas en contra de 10 dirigentes mapuches'.
Ocho de los comuneros permanecieron privados de libertad por 26 días.
Aguirre detalló en la acción legal que el INDH solicita al Ministerio Público que los hechos denunciados sean investigados por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
En la sensible región de La Araucanía, cuna de los mapuches, la Fiscalía señaló a Carabineros por mal proceder. Lo ocurrido, en cualquier caso, siembra un precedente nefasto que sin dudas traerá consecuencias.
El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, quien asumirá las riendas del país el 11 de marzo, consideró muy grave lo ocurrido y se comprometió a emprender profundos cambios en las entidades que velan por la seguridad.
