La libertad de los policías podría estar atentando contra el desarrollo del juicio mismo pero el tribunal rechazó el pedido de prisión preventiva. Se percibe un clima perturbador en torno a este juicio que complica cada vez más a los policías acusados (y no solo a ellos).
Los salteños regresan
La primera audiencia de la cuarta semana del juicio fue “perfecta”, según la querella. Los trabajadores salteños, compañeros de Daniel, viajaron más de 1900 kilómetros para cumplir con la citación en el juicio por su compañero asesinado y desaparecido y aportaron datos clave respecto a la estafa laboral y las conexiones entre los implicados, que no son solamente los acusados.
Los testimonios de los salteños confirman la investigación que hizo la querella respecto al entramado vincular entre agentes del estado y los empresarios de la tercerizadora Agrocosecha (hermanos Lapenta y Mercado); algo ya muy imbricado a nivel laboral-profesional, donde lo público y lo privado se superponen pero que a la vez se extiende a un nivel ’personal’. La Dra. Cecilia Constanzo era la abogada de Agrocosecha pero también Jueza de Faltas de Lamarque y delegada de las secretarías de Trabajo de Chimpay y Choele Choel. Los testigos la ubican como alguien muy cercana a los Lapenta, que concurría a las fiestas privadas de Agrocosecha. Ella fue la primera abogada de Gualberto Solano (padre de Daniel) apenas iniciada la investigación; la que insistia con que Daniel se había ido de Choele Choel por sus propios medios.
Los trabajadores también mencionaron que participaron de los rastrillajes junto a los policías; en uno de ellos se encontró la billetera de Solano pero en esa primera instancia, con los implicados llevando adelante la investigación, esa prueba (la billetera) misteriosamente desapareció.
Relataron, además, cómo la policía reprimió con brutalidad a un trabajador por reclamar en las mismas oficinas de Agrocosecha; es Hilario Corvalán, otro trabajador norteño que, previamente a Solano, también percibió la estafa y no estaba dispuesto a callarse. Su testimonio para la investigación puede verse en YouTube.
Pero lo más relevante de esta jornada fue la identificación de Tomas Vega, un octavo agente policial que no forma parte del grupo de policías que está siendo llevado a juicio en este momento, pero que estaba en Macuba la noche en que desaparecieron a Daniel y no solo eso: Vega era un agente siempre presente como adicional en las oficinas de Agrocosecha y estaba ahí el día que Daniel y el testigo que declara fueron a cobrar (fue el 4 de noviembre, un día antes). Vega, además, es quien le tomó declaración a este testigo en la comisaría de Lamarque. Incluso mencionaron un asado de fin de temporada en Agrocosecha donde Vega cantó (sí, porque además de policía es cantante y anima fiestas).
Vega queda así ubicado en tres escenarios de un rompecabezas que va quedando cada vez más claro: además, uno de los testigos afirmó que Vega le dijo que había estado en Macuba esa noche pero que no se sacó a ningun pibe del boliche.
Las contundentes afirmaciones sobre Vega produjeron que la querella requiera ante el tribunal el material audiovisual registrado ese día para poder hacer la denuncia y pedir su detención.
Ausencia local casi total
En la última audiencia realizada el 22 de marzo completó su testimonio la testigo de identidad reservada y bajo el Programa de Protección de Testigos que había iniciado su declaración la semana anterior mediante videoconferencia. Otra vez tecnología mediante, su testimonio confirmó que cuatro de los siete policías acusados fueron los que arrastraron con violencia a Daniel desde Macuba hasta un vehículo policial donde lo subieron y se lo llevaron: Berthe, Bender, Martínez y Barrera.
Ella y su pareja vieron todo desde una calle próxima a Macuba; estaban en moto y siguieron a ese auto unos metros hasta la Isla 92 (balneario de Choele Choel). En ese traslado del patrullero que se llevaba a Daniel y esta parejita en moto que los siguió unas cuadras, apareció un segundo vehículo ligado a todo ese trayecto; un Fiat Duna rojo.
Esta testigo vio todo pero cuando fue a hacer la denuncia a la comisaría de Choele Choel la recibieron dos policías que la intimidaron y amenazaron. Vos no viste nada. Reconoce que uno de ellos era Bender, uno de los agentes actualmente acusados que ella había identificado esa noche en Macuba.
El contenido aportado por esta testigo fue clave para la investigación de la querella; vio todo, pretendió hacer la denuncia, fue amenazada y se guardó hasta dar con los abogados Heredia y Aparicio que la resguardaron. Con ellos logró hacer la denuncia y fue ingresada al Programa de Protección de Testigos que la sacó de la provincia. Con su denuncia se pudo detener en el año 2012 a los siete policías que después de tres años de prisión preventiva, sin poder ser llevados a juicio, fueron liberados y que hoy, sí, atraviesan el juicio por homicidio calificado.
El otro testimonio de esa jornada fue también el de una mujer y fue presencial: la única de los diez testigos de Valle Medio citados (que se animó?) a declarar. Ella aportó datos sobre ese misterioso Fiat Duna rojo que la testigo anterior identificó como presente en el trayecto Macuba - Isla 92 cuando se llevaron a Solano y complicó más a Sandro Berthe (policía acusado). Ella afirma que este policía, algunos meses después de la desaparición de Solano, le vendió el Duna rojo a su ex pareja. Declaró que este hombre (su ex pareja) articulaba estafas y delitos varios con Berthe y que, además, habría recibido un dinero para seguir a Sergio Heredia (uno de los abogados querellantes) con el objetivo de involucrarlo en algún escándalo de drogas.
Denunciar a quién
¿Qué es lo que hace que los testigos salteños recorran más de 1900 kilómetros hasta Fiske Menuco para dar su testimonio en el juicio por el homicidio de Daniel Solano, mientras que los testigos de Valle Medio presentan una llamativo nivel de ausentismo?
Ante la pobre asistencia en la octava jornada del juicio y teniendo conocimiento de que el aparato policial podría estar intimidando a los testigos de este caso, la querella solicitó la prisión preventiva de los siete policías acusados argumentando que con los agentes en libertad no están dadas las condiciones de seguridad para que los testigos de Valle Medio acudan a las audiencias.
La fiscalía expresó que al no haber ninguna denuncia por amenazas no puede afirmar que el ausentismo de los testigos locales sea producto de intimidaciones y que por eso no podía acompañar el pedido de la querella. ¿La fiscalía no registró los que pasa en Choele cuando alguien quiere denunciar a un policía? Lo dijo la testigo clave. ¿No sabe, tampoco, que en el juzgado de Choele Choel había 160 denuncias contra policías por apremios ilegales, cajoneadas?
La libertad de los policías podría estar atentando contra el desarrollo del juicio mismo pero el tribunal rechazó el pedido de prisión preventiva, de manera que los siete policías acusados por el asesinato de Daniel Solano podrán pasar sus últimas Pascuas en familia.
Por Eugenia De Rossi y Jessica Visotsky, ANRed
