En conjunto, los hechos de conflictividad social y laboral sumaron 3.974 durante todo el 2017. En promedio, representaron 331 protestas mensuales y 11 protestas por día en todo el territorio nacional.
Las protestas laborales fueron preponderantes, respecto de las sociales, durante el primer semestre del año, alcanzando un pico en el mes de marzo, dinamizada sobre todo por las acciones de los gremios docentes de todo el país, en el marco de la discusión paritaria. Además, una serie de conflictos tuvieron lugar en el marco de la derogación de la Paritaria nacional docente.
Como ya detallamos, el 43,9% de las manifestaciones laborales visibilizaron los conflictos suscitados en torno a la cuestión salarial, el 25,2% correspondieron a despidos, el 12,2% a reclamos por condiciones de trabajo, el 10,8% “contra las políticas de ajuste” siendo centralmente reclamos en contra de modificaciones presupuestarias regresivas en rubros de gasto social, y el 4,5% fueron las manifestaciones contra la persecución política o sindical y la represión.
Mientras que el 70,6% del total de los conflictos por paritarias fueron realizados por los trabajadores y trabajadoras del ámbito público, y el 29,6% del privado, en el caso de las manifestaciones por los despidos y suspensiones de los trabajadores el 71,9% de las mismas fueron encabezadas por trabajadores y trabajadoras del sector privado, lo cual es un indicio más acerca de los efectos negativos de la política económica sobre el mercado interno, y la estrategia de los sectores empresariales privados, que alentados en primer término por el Estado, realizan un ajuste mediante despidos.
En efecto, la política aperturista de la gestión Cambiemos, sumada a los aumentos de los servicios públicos y a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, erosionan al mercado interno, afectando sobre todo al sector industrial, donde se protagonizaron el 30% del total de las protestas laborales del ámbito privado. Un indicador de esta situación se confirma cuando observamos el porcentaje total de los conflictos suscitados por los atrasos en el pago de salarios, respecto a la totalidad de las demandas salariales (readecuación, incumplimientos, reducción salarial). En el ámbito privado el 47,1% de los conflictos salariales tuvieron su causa en el atraso de los pagos de salario.
Los sindicatos participaron en el 71,5% de los conflictos, y los trabajadores protagonizaron el 28,5% de las protestas, lo que revela el activismo de la clase trabajadoras. Se constata una diferencia importante cuando desagregamos la información entre el ámbito privado y el público-. En el primero la participación sindical representa casi el 60%, mientras que en el sector público la misma asciende al 81% del total de las protestas.
Respecto a la modalidad de protesta también se observan divergencias cuando discriminamos las acciones según el ámbito. El 65,4% de los paros fueron efectuados por trabajadores y trabajadoras del ámbito público, mientras que el 62,5% de los cortes de ruta y calles lo protagonizaron los y las del sector privado.
Durante el primer semestre del año 2017 la evolución en la cantidad de protestas sociales siguió la misma tendencia que las protestas laborales. Durante este primer semestre hay que señalar la masiva movilización en el mes de mayo en contra del fallo de la Corte Suprema que se aceptó la aplicación del cómputo de la pena conocido como "2X1" en un caso de condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
A partir del segundo semestre se constata una caída en la cantidad de conflictos laborales, pero un crecimiento de las protestas sociales a partir de la represión y la desaparición de Santiago Maldonado. Es septiembre el mes donde las protestas sociales llegan a un pico, motorizadas por el pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado y contra la criminalización de la protesta social por parte del gobierno nacional. Un 25,1% de las protestas sociales demandaron respeto por los derechos humanos.
También hay que resaltar las protestas en contra de la violencia machista y los derechos de las mujeres que en 2017 representaron el 8,1% del total, lo que da cuenta del grado de organización de los colectivos sociales y políticos protagonizados por las mujeres. Uno de los resultados más importantes de este gran proceso de movilización del colectivo feminista es el avance en la presentación y debate en el Congreso Nacional del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), con miras a ser tratado en el recinto.
La aplicación de políticas que causan un mayor deterioro de las condiciones de vida y la pérdida de derechos sobre población en condiciones de vulnerabilidad, tienen su respuesta en las protestas por mayor cobertura de los programas sociales, contra las políticas de ajuste, por servicios públicos, reclamos de fuentes de trabajo, de alimentos y vivienda, en conjunto representaron el 54,9% del total.
Si bien las movilizaciones socio-labores en 2017, como en 2016 volvieron a expresar la lucha contra los despidos, el deterioro del salario y las condiciones de vida, en el segundo semestre del año se observan intentos de articular las luchas sindicales a partir del acercamiento entre algunos sindicatos que componen la Corriente Federal de trabajadores de la CGT, los sectores vinculados al Sindicato de camioneros, y los intentos de establecer una agenda común entre la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.
Se observa una la tendencia creciente de la organización “Multisectorial” de las protestas, las cuales representaron el 24% del total, entre las que se destacan los reclamos contra el fallo del 2x1, contra la represión y por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y finalmente las multitudinarias concentraciones del mes de diciembre en el Congreso de la Nación en contra de la ley de modificación del cálculo de actualización de jubilaciones y pensiones.
Estas manifestaciones constituyen el germen de la multitudinaria jornada de protesta del día 21 de febrero de 2018 que fue encabezada por el gremio de camioneros, pero en la que participaron otros sindicatos de la CGT y CTA, los movimientos sociales como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita.
También, a fines de diciembre, y mientras se votaba la ley para modificar el régimen jubilatorio, produjeron cacerolazos y marchas “espontáneas” en la ciudad de Buenos Aires y partidos del gran Buenos Aires. Hay que destacar que las mismas se produjeron luego de la represión que el Estado desató en contra de los manifestantes que se habían manifestado en la Plaza de los Dos Congresos.
Los 75 hechos represivos registrados en 2017 –y que suman 130 en dos años-, sobre los sectores sociales que se han manifestado en defensa de los puestos de trabajo, el salario y los derechos humanos, confirman la firme determinación de la gestión de gobierno en sus políticas de ajuste, ahora potenciadas por el acuerdo con el FMI y que llevan al camino de la agudización de las tensiones sociales.
