Chascomús tiene casi 60 mil hectáreas productivas, muchos barrios que limitan con campos y 14 escuelas rurales. Para esa cantidad de tierras se usan entre 10 y 12 litros de agrotóxicos por hectárea para fumigar. Los “mosquitos” fumigadores y los olores son parte de un ambiente que empezó a preocupar cada vez más a los vecinos que se organizaron para pedir mayores controles y una regulación más adecuada.
En el barrio de Lomas Altas, del otro lado de la laguna, empezaron a juntarse a principios del año pasado y conformaron la asamblea ciudadana Paren de fumigarnos Chascomús. A partir de sus reuniones fueron mapeando cuál era la situación: detectaron los mismos padecimientos en distintos barrios, supieron de vecinos que debían asistir al hospital después de las fumigaciones, encontraron depósitos de agroquímicos en plena ciudad, y denunciaron un episodio en la Escuela Primaria Nº14 en el que fumigaron mientras los chicos estaban en clase.
Se informaron y pensaron iniciativas para enfrentar el problema. Investigando se encontraron con que el bloque del Frente Para la Victoria había presentado en junio del 2016 un proyecto de regulación de agroquímicos que se había mantenido en comisión, sin movimiento, durante un año. “Hay mucha desinformación y los vecinos no se alertan porque se han acostumbrado a algunas situaciones”, describe Daniel Conte, uno de los integrantes de la asamblea y cuenta cómo empezaron a trabajar dentro del Concejo Deliberante con reuniones multisectoriales que derivaron en la conformación de una mesa de estudio. El objetivo era lograr un proyecto para regular las fumigaciones con un contenido más orientado al cuidado de la salud y el ambiente.
La mesa se desarrolló durante 4 meses en encuentros semanales en los que cada entidad podía proponer expositores. Allí los y las legisladoras pudieron escuchar a expertos e investigadores y al finalizar las exposiciones los concejales se comprometieron a terminar el proyecto para abril de este año. Cuando llegó la fecha lo postergaron un mes y el 24 de mayo lo volvieron a comisión. “No hay ninguna excusa para esta demora. El discurso de la sociedad rural es que si se fumiga bien no pasa nada, que el problema tiene que ver con malas prácticas. O que no vamos a poder producir. En la mesa quedo demostrado lo contrario”, dice Conte.
Los vecinos cuentan que lo que observan ahora es una campaña desde la Sociedad Rural para desprestigiar al Instituto de Agroecología, que durante la mesa de debate presentó un informe en el que argumentaron porqué glifosato no es inocuo. “La última sesión del Concejo llenaron de gente que trabaja de fumigadores, peones, como forma de ejercer presión. Nos preocupa que hay mucha desinformación, sobre todo en poblaciones rurales que son muy afectadas”, apunta el integrante de la Asamblea.
Por eso se están focalizando también en acciones de promoción y difusión. En diciembre se reunieron con municipio y jefatura del distrito escolar para trabajar en ese sentido y llevar la preocupación a las escuelas, a través de un proyecto de extensión del INTEC, pero la fecha de una primera jornada de capacitación con las directoras de los establecimientos rurales también se suspendió.
Ahora van a presentar cerca de 3 mil firmas pidiendo que se trate la ordenanza y se establezcan los 1500 metros como límite. “Hay algo de un cambio cultural que tiene que hacerse. Hoy el modelo es fumigo- mato- siembro y la tierra pierde propiedad fertilizante y también se suma químico. Si lo que estoy comiendo tiene veneno no es alimento. Encima lo estamos respirando”, define Conte.
Desde la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata advirtieron recientemente que “en los últimos 10 años entraron más de 1000 millones de litros de glifosato. Este número pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año (10 litros de plaguicidas por habitante por año)”.
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