Cuando la gestión de Cambiemos llegó al poder a fines de 2015 inició una masiva campaña de despido de trabajadores estatales aduciendo que el Estado estaba colonizado por militantes.
Por lo tanto había que hacer un ajuste sobre la “grasa militante”, como la definió un ex ministro. Pero al poner la lupa sobre el Ejecutivo que conduce Mauricio Macri, diversos estudios develan la contradicción entre los dichos y los hechos: desde la llegada al poder, Cambiemos incrementó un 25% el universo de cargos políticos e incorporó 5.348 personas.
Está claro que cada proyecto político debe contar con sus propios militantes para llevarlo a cabo, pero se observa que el ajuste y achicamiento no se aplica por igual: sectores que deben atender a los más vulnerables son desmantelados, pero en cambio los nombramientos jerárquicos siguen creciendo.
“Colonización del Estado”
El docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Sergio Arelovich realizó un seguimiento minucioso sobre los nombramientos publicados en el Boletín Oficial. Estrictamente en lo que refiere al plantel político, desde el 11 de diciembre de 2015, la gestión Cambiemos nombró a 5.348 personas en la función pública.
A excepción del pasado lunes, no hubo un solo día en que no haya al menos un nombramiento. El día de mayor ingreso de personal de planta política fue el 13 de enero de 2016, cuando contrataron a 74 personas.
El desglose de los nombramientos se dio de la siguiente manera: en los pocos días de gestión de 2015 ingresaron 177 personas; en 2016 fueron 1.955; en 2017 le tocó a 1.381; y en lo que va de 2018 llevan 1.835 nombramientos. Este conteo sólo incluye al personal político, es decir que no toma en cuenta por ejemplo a las FF.AA. o a las fuerzas de seguridad.
Arelovich indicó que en muchos casos no se cumple con lo que exige el convenio colectivo del sistema nacional de empleo público en cuanto a los títulos o los antecedentes que deben poseer para ocupar diferentes espacios. El caso más visible es el requerimiento de que quien comande la Oficina Anticorrupción sea abogada y su titular, la militante del PRO Laura Alonso, no lo es.
“Cambiemos introdujo modificaciones importantes en la ley de ministerios, con idas y vueltas, ampliando significativamente las estructuras, creando, ampliando y encareciendo cargos en la administración pública”, explicó Arelovich e indicó que todos los nombramientos son “con alto rango, alta remuneración y en variados casos inventos sin función específica acreditable”.
“Queda navegando una pregunta: ¿para garantizar homogeneidad de orientación política en el gobierno nacional, se necesitan 5.000 cuadros? Me permito dudar, creo que bastante menos. Mi estimación es algo inferior a 1.000. Se trata en cambio de la financiación de la política por otros medios, de la devolución de favores, de la colonización del estado”, evaluó.
Menos preparados
Por otra parte, un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) advirtió que no sólo se incrementó un “25% el universo de cargos políticos” sino que además esas personas que ingresaron a la gestión pública “están menos preparadas”.
“El Estado argentino está expandiendo sus fronteras de funcionamiento desde 2003. Con el gobierno de Cambiemos, el crecimiento de la estructura del sector público a nivel nacional se sostuvo”, sostuvo el informe.
Esa expansión llevó a Cambiemos tener uno de los gabinetes más grandes de América Latina. Entre 2015 y 2018 los ministerios pasaron de 17 a 21; las secretarías de 65 a 113; y los cargos de directores nacionales de 291 a 313.
Pero además, en ese tiempo hubo un “un deterioro en el espacio directivo”. El porcentaje que cumplía con los requisitos requeridos para los cargos jerárquicos pasó de 32% a 18%; en 2017 el 72% de ellos eran profesionales, porcentaje que en la actualidad descendió a 66%.
“No redujeron el Estado”
La diputada nacional del Movimiento Evita, Lucila De Ponti, advirtió sobre el ajuste selectivo que pregona Cambiemos que por un lado da de baja las estructuras que deben atender a los sectores más vulnerables de la sociedad y por otro las incrementa en aquellas que obedecen a sus intereses.
“En el Ministerio de Agricultura los despidos estuvieron focalizados en el sector de Agricultura Familiar y del Inta, que atienden a los campesinos y los pequeños productores. Y, por otra parte, en los vinculados a sectores del agro más poderosos se aumentó la cantidad de dotación y los salarios. Y eso se ha repetido en todos los ministerios”, explicó.
“Las áreas que tienen que ver políticas públicas destinadas a los sectores más vulnerables, son en general las que recibieron más despidos y eso no tiene un correlato con lo que ha sido el incremento de personal político en cargos de mayor jerarquía, que por lo tanto tienen mayor sueldo”, agregó.
“No es cierto que redujeron el Estado, contrataron un montón de militantes de Cambiemos. No objetamos que cada gobierno pueda llevar a su sector político para llevar a cabo su proyecto pero es contradictorio con su discurso de que el Estado había sido llenado de militantes ñoquis que no cumplían ninguna función. No fue así, inclusive la mayor cantidad de despidos en el Estado eran a personas que no habían llegado por su militancia. El macrismo discursivamente genera lo mismo en todos los planos: pedirle el esfuerzo a un sector de la sociedad mientras que lo que se dice no se muestra con el ejemplo de lo que hace el propio gobierno”, finalizó De Ponti.
Un congelamiento que no es tal
Como una respuesta a la crisis económica y financiera, el gobierno de Macri instauró, mediante el decreto 632/18, el congelamiento de cargos políticos en el Estado hasta el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, luego de la entrada en vigencia el pasado 10 de julio, hubo 295 nuevos ingreso en la planta política.
¿A qué obedece? A que el decreto dejó una rendija abierta para que más militantes de Cambiemos consigan empleo en el Estado. La norma plantea una serie de excepciones mediante, como la del artículo 2, inciso g, que habla de permitir la “cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por su especificidad técnica, profesional, criticidad o riesgo operativo”.
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