Si bien los prefectos acusados fueron detenidos, las responsabilidades políticas siguen sin ser sancionadas. No solo por tener a cargo la fuerza represiva involucrada, sino también por la apología de este accionar represivo en diversas declaraciones de integrantes del gobierno.
“No voy a tirar un gendarme por la ventana” había declarado Patricia Bullrich al ser indagada por la desaparición de Santiago Maldonado en una exposición marcada por las contradicciones. La desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado fue un claro ejemplo de una modalidad que se siguió practicando: señalar a la víctima. Está práctica no comenzó con Maldonado pero tuvo en ese caso una de las exposiciones de mayor alevosía. Previamente, desde diversos medios hegemónicos, se ejerció la misma práctica en casos de violencia de género o femicidios, donde se señalaban cuestiones superficiales de mujeres asesinadas, abusadas o desaparecidas.
La impunidad en relación a la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado tuvo como consecuencia el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte del grupo Albatros de Prefectura Nacional, el pasado 25 de noviembre, mientras los familiares y seres queridos de Santiago Maldonado estaban en su tardío velorio en 25 de Mayo. El crimen de Nahuel permanece impune sin ningún prefecto sancionado. En conferencia de prensa el 27 de noviembre, Patricia Bullrich justificó el accionar de Prefectura: “Nosotros le damos a la versión de Prefectura Naval Argentina el carácter de verdad” había declarado.
Durante la madrugada del domingo 12 de agosto Prefectura asesinó por la espalda a Cristofer Rego, de 26 años y padre de un bebé de 40 días. Si bien, a diferencia de otros casos, los prefectos fueron detenidos, queda impune la apología de este accionar por parte de funcionarios y funcionarias de alto rango: desde el Presidente de la Nación hasta la Ministra de Seguridad.
Un caso donde la apología del gatillo fácil fue ejercida por el gobierno fue en la polémica relacionada con el asesinato de Juan Pablo Kukoc por parte del policía Luis Chocobar, procesado por la justicia pero defendido tanto por Mauricio Macri como por Patricia Bullrich, quien incluso fue a visitarlo el pasado lunes 13/08, un día después del asesinato de Cristofer Rego.
Patricia Bullrich también protagonizó una polémica al negar los casos de gatillo fácil denunciados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). La Correpi había denunciado en su informe que durante el gobierno de Cambiemos relevaron 725 casos de gatillo fácil en 721 días, casi dos años: una muerte cada 23 horas. La cifra lo caracteriza como el gobierno con mas alto porcentaje de muertes desde la vuelta de la democracia.
Tras la defensa de Chocobar se sucedieron casos de gatillo fácil amparados por el gobierno. Resulta pertinente señalar el caso de Facundo Ferreira, de 12 años, asesinado en Tucumán por la Policía. Facundo no solo había recibido una bala en la nuca, su cuerpo mostraba señales de numerosos golpes. No solo hubo impunidad para los policías sino también falsas denuncias a Facundo desmentidas por las pericias. Como si esto fuera poco, el examen toxicológico a los policías involucrados dio positivo.
Para el lunes 27 de agosto a las 16 horas se está convocando a la marcha anual contra el gatillo fácil. La movilización será de Congreso a Plaza de Mayo y estará encabezada por familiares de victimas de la represión institucional junto a organismos de derechos humanos.
ANRed
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