La declaración, denominada “Rechazo al injerencismo”, contó con el respaldo del 85 por ciento de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional, es decir 70 votos a favor y 17 en contra. El documento repudia la “posición del grupo de miembros de la OEA (la Organización de Estados Americanos) que violenta la soberanía e interviene en los asuntos internos de Nicaragua”.
El diputado sandinista José Antonio Zepeda ha manifestado que va en concordancia con la posición patriótica del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, que es el sentir de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense de no aceptar la intromisión de grupos extranjeros en los asuntos internos del país.
“Somos los nicaragüenses los que resolvemos nuestras dificultades y no va a ser ninguna comisión aprobada a espaldas y no contando con el aval, violentando todos los principios de la OEA, para que ahora vengan a intervenir a Nicaragua, por lo tanto, la Asamblea Nacional cierra filas y no permite el ingreso de esta comisión, y respalda a nuestro presidente”, ha dicho Zepeda.
El Gobierno de Ortega declaró el miércoles “inaceptable” la presencia del grupo de trabajo para Nicaragua, al que considerarlo como una “comisión injerencista”, que ha sido formado y dirigido por Washington en su afán por “seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua”.
Sus integrantes “no son bienvenidos a nuestro país (...), por lo tanto, no serán recibidos en nuestro suelo patrio", advirtió el Ejecutivo nicaragüense.
La creación del grupo de trabajo fue aprobada el 2 de agosto mediante una resolución, que recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA.
Desde el pasado 18 de abril, la violencia estalló en Nicaragua tras la reforma del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), aprobada en abril, aunque fue finalmente revocada, se siguió usando como pretexto para cometer actos de sabotaje en el país centroamericano.
A este respecto, Ortega ha declarado en reiteradas ocasiones que los disturbios que protagonizan “la derecha” y “los terroristas golpistas” son financiados por el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, con el objetivo de derrocarlo.
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