La decisión se apoya en el artículo 283 del Código de Proceso Penal, según el cual una pena de prisión se puede comenzar a ejecutar solo una vez que finalice el proceso de apelaciones, lo que se conoce en el país sudamericano como “tránsito en juzgado”.
Conforme a declaraciones del juez, la medida es de aplicación inmediata, pero debe ser solicitada por la defensa legal de los detenidos. Esta misma semana, el presidente de la Corte, Dias Toffoli, aplazó para el próximo mes de abril el debate sobre si los condenados en segunda instancia tienen o no derecho a esperar la sentencia definitiva en libertad.
El ex presidente, condenado a 12 años y un mes de cárcel por el Tribunal Regional Federal de la 4º Región (la corte de apelación, segunda instancia) y encarcelado en la prisión de Curitiba (sur), todavía está pendiente de apelaciones en tribunales superiores, por lo que la medida debería aplicársele.
El abogado de Lula, Cristiano Martins, ha anunciado ya que solicitará a la Justicia Federal de Paraná (sur del país) que libere al ex mandatario sobre la base del dictamen, según destaca el diario local Folha de São Paulo.
En 2017, el juez Sergio Moro, designado para ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro, condenó a Lula a nueve años de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo como pago de la constructora OAS por favores políticos.
La sentencia se confirmó en segunda instancia con una pena mayor: doce años de prisión, aunque el pequeño detalle en la trama de esta historia es que Lula nunca recibió el departamento, no está a su nombre, ni de ningún familiar, ni de ningún miembro del PT y el propio ex presidente jamás estuvo en el edificio donde está emplazado.
En base a estos dato, Lula (Presidente entre 2003 y 2011) dice haber sido víctima de una “masacre” mediática y considera que la condena en su contra fue resultado de una persecución judicial para impedir su vuelta a la Presidencia de Brasil.
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