Tal como había anticipado en marzo durante la apertura del año legislativo, Mauricio Macri firmó un decreto para convertir a la guarnición militar de Campo de Mayo en una reserva ambiental. En este predio del Ejército funcionaron al menos tres centros clandestinos, donde permanecieron detenidas miles de víctimas y se estima que más de 30 bebés nacieron durante el cautiverio de sus madres. Muchos de ellos aún no fueron localizados.
Durante la dictadura, el predio tenía 5 mil hectáreas, actualmente son 3 mil. El decreto ordena fraccionarlos en tres áreas: la reserva ambiental propiamente dicha, otro espacio de uso militar intensivo, y un tercero de grandes dimensiones del que no se especifica el uso pero sería destinado a ampliar una planta del CEAMSE que ya funciona en el lugar y al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios.
Marcelo Castillo, coordinador del Archivo Biográfico Familiar de nuestra Asociación y miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), puntualiza: “En 2006, impulsado por Abel Madariaga y Raquel Marizcurrena, Abuelas empezó un trabajo de relevamiento, que se integró al del EAAF, para preservar judicialmente las zonas a investigar en Campo de Mayo. En lo relativo al EAAF la búsqueda de restos, y en el caso de Abuelas dar claridad sobre la ubicación de ‘El Campito’”.
En 2008, esta iniciativa se convirtió en una presentación ante la Justicia y, dos años más tarde, se iniciaron excavaciones tendientes a “identificar la estructura de las distintas instalaciones del Campito” (demolido en 1979), que se pudo reconstruir a partir del testimonio del sobreviviente Cacho Scarpatti. “Con una foto aérea de 1974 pudimos ver dónde estaba el Campito, y a partir de encontrar los cimientos, en el Juzgado Federal Número 2 de San Martín, el EAAF planteó la necesidad de cercar 10 hectáreas –algo que se concretó–, para protegerlas y seguir trabajando en la búsqueda de restos que hasta hoy no hemos encontrado. El año pasado, en base a nuevos testimonios, hicimos otros trabajos allí. Pero 10 hectáreas sobre 3000 es muy poco. Además, no se terminó la investigación sobre el Campito, hay que continuar excavando”, relata Castillo y subraya: “Lo más importante es agotar las instancias de investigación antes de hacer cualquier cosa”.
A partir de un llamado desde el Juzgado 2 de San Martín, se están evaluando las posibilidades de avanzar sin intrusión en el terreno, con uso de nuevas tecnologías que en el EAAF se están incorporando para, en 2019, abarcar zonas más amplias de investigación.
Abuelas denunció ante el “Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias” y ante el “Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de Naciones Unidas, que existen altas posibilidades “de que en el corto plazo se hagan modificaciones sustanciales en Campo de Mayo, poniendo en serio riesgo los derechos de víctimas de crímenes de lesa humanidad, en violación de las obligaciones internacionales del Estado Argentino”.
Asimismo, solicitamos que se adopten medidas para prevenir que ocurran esas violaciones y se garanticen los derechos de las víctimas. En el escrito advertimos sobre la falta de participación y consulta a las víctimas y a la sociedad civil con respecto al lugar de memoria e investigación que constituye Campo de Mayo, vulnerando uno de los pilares básicos del derecho internacional en la materia.
Impulsadas por Abuelas, decenas de víctimas presentaron una carta a Alicia Vence, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Martín para solicitar su intervención, dado que sobre parte del predio rige una medida de no innovar.
“Otros datos para investigar surgen de una carta de 1984 enviada a la casa de Ernesto Sábato, de un servicio de Inteligencia, que brinda datos precisos sobre el aparato represivo –cuenta Marcelo Castillo–. Esa carta nos llega en 2008, o sea que hay mucho tiempo perdido de investigación, pero en ella se hace una descripción general de todo lo que pasó en Campo de Mayo, que coincide con la de Scarpatti”.
Esa carta, según Castillo, plantea tres aspectos importantes no investigados hasta entonces: “Uno, que hay una zona que se llama ‘plaza de agua’, que no cuenta con ningún testimonio y que aparece vinculada a un lugar de detención de mujeres dentro de Campo de Mayo. Otro, una zona de aparición de ropa, en un lugar que hoy no vamos a poder investigar porque está el CEAMSE, que es otro de los temas graves para la investigación por el crecimiento excesivo que está teniendo. También habla de los vuelos de la muerte, cuántas personas y en qué fechas, y lo último que da es un dato doloroso que no se había tenido en cuenta pero pudimos constatar en una visita ocular, que es que detrás del Hospital Militar hay un horno crematorio en el que se calcula que fueron incineradas entre 1100 y 1500 personas. No se investigó nunca judicialmente el horno”.
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