Los juicios a la Justicia de la Dictadura, definición pronunciada por el ex fiscal general Jorge Auat, cuando se desempeñaba al frente de la Procuraduría de Crímenes contra lesa Humanidad, en la audiencia del 16 de mayo 2016 del juicio a los Magistrados, cobra vigencia. Auat marcó la diferencia entre Justicia en la Dictadura y Justicia de la Dictadura, ante un comentario de uno de los defensores.
En San Luis, el tercer juicio desde la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, comenzaron los alegatos a los cuatro imputados, entre ellos el ex juez federal Allende. El alegato del representante del Ministerio Público Federal Cristian Rachid, destacó por ejemplo, la manipulación que tenía para abordar las denuncias “Cuando se investigaba a una persona calificada como subversiva, se hacía presente para lo necesario, allanamientos, ruedas de reconocimiento, etcétera. Cuando denunciaban una desaparición o torturas, no aplicaba ninguna medida, no investigaba”, indicó Rachid.
De hecho, como ejemplo citó el libro de guardias de la Penitenciaria de San Luis de octubre de 1976. Allí mostró que de 60 detenidos, 52 estaban de manera irregular, por solo citar un didáctico ejemplo.
En rigor la acusación contra Allende de parte de la fiscalía continuará en la próxima audiencia, mientras se espera la de la querella a cargo de Norberto Foresti, en representación de la APDH. Las pruebas y los testimonios presentados no hacen mas que corroborar las denuncias de los detenidos políticos y de los familiares que deberá evaluar a la hora del veredicto el tribunal integrado por Julián Falcucci, María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli, durante el mes de marzo.
Lona a la lona
Finalmente le llego la hora al ex juez federal Ricardo Lona, quien en un tramo su defensa la ejerció el radical Ricardo Gil Lavedra, el mismo que integró el Tribunal que juzgó y condeno a la Junta Militar.
El juicio esta previsto para el lunes 18 de este mes y las querellas estarán a cargo de María José Castillo y David Leiva, de la Asociación Memoria, Verdad y Justicia de Oran, Andrés Duarte por la familia de Ragone y Gaston Casabella por los familiares que exigieron a los miembros del Tribunal Federal Gabriel Eduardo Casas (Tucumán), Juan Carlos Reynaga (Catamarca), Abelardo Jorge Basbus (Santiago del Estero), y Gabriela Catalano (Salta, presidenta del Tribunal) que está en ellos “dar una muestra de justicia y que quienes asaltaron el Estado constitucional paguen por sus crímenes”.
En esta causa Lona, está acusado por los delitos de encubrimiento y prevaricato, por no haber investigado el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, cometidos el 11 de marzo de 1976. Su gestión duró hasta noviembre de 1974, cuando Isabel Martínez de Perón intervino la provincia. En ese hecho fue asesinado el testigo Santiago Arredes y se intentó matar a la testigo Margarita Martínez de Leal.
Además, Lona está acusado de ser coautor de la matanza de once detenidos políticos, en la causa Palomitas (que también está en instancia del juicio, que en este caso es escrito). Y tiene una tercera causa en la que se lo investiga en relación a otras detenciones ilegales, torturas y desapariciones. Ambas causas fueron instruidas por el magistrado Fernando Poviña cuando se desempeñaba como juez subrogante en Jujuy y elevadas a juicio oral y público hace un par de años.
Los presos políticos fusilados en la ruta en un “traslado” a Cordoba, con la autorización de Lona fueron Alberto Simón Savransky, Benjamin Ávila, Celia Leonard de Ávila, Rodolfo Pedro Usinger, María Amarú Luque de Usinger, Roberto Luis Oglietti, Pablo Eliseo Outes, José Víctor Povolo, María del Carmen Alonso de Fernández, Evangelina Botta de Linares y Georgina Droz, militantes de la insurgencia armada del PRT y Montoneros en julio de 1976 en Palomitas.
En tanto en Chaco, la fecha fijada para el juicio al ex fiscal federal Domingo Mazzoni, conjuntamente con la represión a Las Ligas Agrarias, es el 5 de abril. En el requerimiento de elevación a juicio los fiscales Patricio Sabadini, Carlos Amad y Diego Vigay describieron la conducta de Mazzoni como “aporte sustancial” al terrorismo de Estado, a través de la impunidad otorgada al accionar delictivo del resto de los integrantes de la asociación ilícita. Cabe recordar que el otro imputado era el ex juez federal Luis Ángel Córdoba, fallecido a los 79 años en Buenos Aires en agosto de 2017.
Con relación a quienes impulsan cerrar las heridas del pasado no se puede soslayar la nota publicada en La Nación, el 16 de enero último, por Jaime Malamud Goti con el título “El recurso jurídico de una sociedad avergonzada”, donde reclama finalizar los juicios. Un dato no menor: fue asesor del presidente radical Raúl Alfonsín y pergeñó el juicio a la Junta Militar.
En ese sentido destaco que entre quienes impulsan estas acciones de impunidad y la de militancia de ddhh, familiares, política y sindical como la Intersindical DH que nuclea a 30 gremios, media una enorme distancia, no de palabras, sino de la significación sobre cual es la sustancialidad de la democracia en el contexto de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Por Lucho Soria, ANRed
No hay comentarios: