El partido de centroderecha UPyD (Unión, Progreso y Democracia) reclama la cárcel para Rato, como medida cautelar, ante el “riesgo de fuga” y la “elevada penalidad” de los delitos que se le atribuyen, según el escrito presentado hoy al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga esta causa.
Asimismo, el partido liderado por Rosa Díez pide una fianza civil de 4.112 millones de euros para todos los imputados en el proceso, incluyendo la matriz de la entidad, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA).
La solicitud llega tras publicarse un informe pericial del Banco de España que reveló que bajo la dirección de Rato, ex ministro de José María Aznar y ex director del FMI, se realizó una operación de engaño, que incluyó el maquillaje de las cuentas de Bankia, para que la operación de salida a Bolsa de la entidad tuviera éxito.
De acuerdo con el informe, las cuentas presentadas por la dirección de Rodrigo Rato en el momento en el que Bankia salió a Bolsa en 2011 “no expresaban la imagen fiel” de la entidad debido a la existencia de “ajustes de importancia material no contabilizados”.
Por lo tanto, en el proceso de salida a bolsa, los accionista que suscribieron la Oferta Pública lanzada por la entidad presidida por el influyente dirigente del conservador Partido Popular (PP) fueron engañados.
No obstante, se señala que “hay claras sospechas de que la salida a Bolsa de Bankia fue amañada” (arreglada), porque gran parte de las acciones se compraron por empresas del mismo grupo, y existen adquisiciones en duda, como los más de 17 millones de euros adquiridos por sociedades inmobiliarias con problemas de deuda con Bankia y que estaban siendo refinanciadas”.
La causa de Bankia es la mayor investigación contra directivos del sistema financiero español por su responsabilidad en la gestión de la crisis que tuvo como consecuencia la transferencia de enormes cantidades de recursos públicos a la banca, y cuyo coste el Ejecutivo de Mariano Rajoy está haciendo pagar a los ciudadanos con duros recortes.
Bankia surgió a principios de 2011 del proceso de fusión de Caja Madrid y Bancaja, -dos cajas de ahorro de comunidades gobernadas por el PP y que contaban con la mayor cantidad de activos tóxicos del sector inmobiliario-, y otras cinco entidades más pequeñas (Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja).
De la unión de estas cajas surgió el grupo liderado por Rodrigo Rato, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), que acumuló los productos tóxicos, y de él se creó Bankia, una entidad que teóricamente concentraba el negocio rentable y que salió a Bolsa a mitad de 2011.
En pleno incremento de la presión de los mercados sobre España, debido a las dudas sobre el agujero del sistema financiero español, Rato dejó su cargo y el BFA solicitó que el Estado interviniera para evitar la quiebra a través de la conversión de un crédito público de más de 4.500 millones en acciones.
Pero el rojo financiero de Bankia resultó ser mucho mayor, ya que el grupo registró pérdidas de 3.000 millones de euros y finalmente necesitó más de 20.000 millones de euros.
Esta semana, el PP se negó a abrir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el caso Bankia y como argumento atribuyó la salida a bolsa de la entidad- cuestión que está bajo investigación- a una decisión política del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Rato y el también ex directivo de Caja Madrid, Miguel Blesa, están imputados en una causa separada que investiga la utilización de “tarjetas en negro” en Bankia por parte de la cúpula directiva de la entidad que ambos gestionaron y llevaron al borde de la quiebra.
