Mediante un escrito de 12 carillas, al que Télam tuvo acceso, el magistrado solicita que la Corte "en ejercicio de sus poderes implícitos y de superintendencia asegure a todos los funcionarios que se desempeñan en el TOCF1 la necesaria seguridad personal y tranquilidad de ánimo para brindar el servicio de justicia".
Con el patrocinio jurídico del penalista Eduardo Barcesat, Rozanski advierte que las intimidaciones "provocan una afectación funcional que imposibilita al extremo el normal desarrollo de la magna función de administrar justicia" por lo que propone la toma de "decisiones y procedimientos que desmonten el tenebroso dispositivo terrorista que provoca dicha afectación".
El magistrado recordó que el TOFC1 condenó a Etchecolatz a prisión perpetua el 19 de septiembre de 2006 y "el día previo fue desaparecido el señor Jorge Julio López víctima y testigo en el marco de esa causa que aguardaban su presencia en la Sala quedaron consternados con la noticia".
Rozanski detalla las intimidaciones sufridas personalmente, por su familia y personal del juzgado.
En su caso, llegaron a advertirle que en el viaje de egresados de la escuela primaria que realizará su hijo, de escasos diez años, será atacado a balazos, y hasta le suministraron el nombre de la empresa que realizará el periplo y la fecha.
"Para que las familias -de los funcionarios judiciales y la mía- no vivan bajo un terror cotidiano y puedan disfrutar de la privacidad de las personas y de las vivencias propias de los individuos y a su núcleo familiar”, reclama el magistrado la intervención del máximo tribunal.
"Aguardo que se ponga término a esta situación para que el Tribunal a mi cargo pueda continuar con su labor en forma de garantizar justicia idónea, imparcial e independiente como lo exigen los tratados internacionales de Derechos Humanos", apuntó.
