En una conferencia de prensa en el Museo de Malvinas en la ex Esma, el presidente del CECIM, Mario Volpe, explicó que solicitaron el centro de combatientes de La Plata que “se declare la responsabilidad del Estado argentino por la vulneración del derecho de acceso a la Justicia y el derecho a la verdad porque lo que hizo la Corte con el fallo del 19 de febrero (2015) es convalidar la doctrina del punto final”.
La Ley 23.492 de Punto Final estableció en 1986 la caducidad de la acción penal contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas. El Congreso la derogó en 2003.
A su turno, Silvio Katz, quien es uno de los conscriptos que denunció ser víctima de diferentes vejaciones perpetradas por sus superiores en las islas, cuestionó directamente el accionar del máximo tribunal y les pidió a los integrantes de la Corte que escuchen su testimonio porque “si uno de esos jueces tiene la dignidad de escucharme y saber todo lo que sufrí, les aseguro que no dudan en que esos delitos deben ser juzgados”.
En ese sentido, confesó que “desde que la Corte nos dio una cachetada, me levanto todos los días tratando de encontrar una explicación y decirles a mis hijos por qué la Justicia no quiere escucharme y nos abandona a todos los que fuimos a la guerra y sufrimos torturas”.
“A mí, por ser judío, me hicieron comer alimentos del piso mezclado con caca humana. Me estaquearon y obligaron a mis compañeros a orinarme encima”, contó Katz con lágrimas en los ojos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Ex Combatientes de Malvinas dependientes del Ministerio del Interior y Transporte, Ernesto Alonso, manifestó que “la Corte ha negado la posibilidad de tener justicia porque ninguno de los magistrados se ha tomado el tiempo de leer los expedientes”.
“La Corte tenía la posibilidad de abrir un camino de memoria, verdad y justicia también para los soldados que sufrieron víctimas de torturas sistemáticas durante la guerra de Malvinas, pero no lo hizo y lamentablemente tenemos que recurrir a la Corte Interamericana”, afirmó.
Con respecto al aspecto jurídico, Gerónimo Guerrero Iraola, quien es abogado querellante del equipo jurídico del CECIM, aseguró que “la Corte detenta atribuciones que le hubiesen permitido inmiscuirse en el fondo del asunto, según lo afirmó la Procuración”.
La presentación de los ex combatientes ante la entidad dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se produjo luego de que la Corte Suprema ratificara el fallo que declaró “prescripta” la causa por las torturas, vejámenes y abusos sufridos por los soldados durante la guerra de 1982.
En la presentación ante la CIDH, los ex combatientes advirtieron que "si no se revierte esta situación llegarán sistemáticamente al organismo una infinidad de casos ya presentados ante la justicia argentina y otros que están empezando a aparecer" a partir de la desclasificación de archivos secretos tras la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciada el pasado 2 de abril.
