El Banco Central denunció al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, porque la Agencia Gubernamental de Control, dependiente de su cartera, habilitó el funcionamiento de 17 casas de cambio en la ciudad de Buenos Aires, a pesar que ésa es una competencia que solo le corresponde a al organismo monetario.
En una serie de allanamientos realizados a principio de año, la entidad que preside Alejandro Vanoli constató la existencia de "cuevas" financieras que contaban con certificados de habilitación del gobierno porteño y que operaban en el segmento informal.
“Los certificados fueron emitidos por la Agencia Gubernamental de Control de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo de Guillermo Montenegro”, según la denuncia elevada ante el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a lo publicado por el diario Página/12.
En un allanamiento realizado el 23 de febrero último a un establecimiento en Cabello 3171, en el barrio de Palermo, se detectó que el local contaba con un certificado de habilitación del gobierno porteño para operar como casa de cambio.
“Los certificados fueron emitidos por la Agencia Gubernamental de Control de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo de Guillermo Montenegro” El caso se sumó a otro del 16 de marzo en avenida Luis María Campos 1181, en el mismo barrio, y en total se identificaron 17 casos con este tipo de permisos, de los cuales muchos de estos locales ofrecían entrega de dinero a domicilio.
Las habilitaciones fueron otorgadas por el código “604008”, bajo la descripción “Casa de Cambio Agencia de Seguros”, según la denuncia que lleva la firma de Marcos Eduardo Moiseeff, subgerente general jurídico; Jorge Carlos Viviani, gerente principal de Asuntos Legales, y Mariano Hernán Varela, gerente de Asuntos Judiciales en lo Penal del Banco Central.
En la presentación se remarca que áreas del gobierno de Mauricio Macri estarían "dando habilitaciones para lugares que no reúnen las condiciones necesarias para actuar en la operatoria de cambio de divisas y que tampoco habrían pedido autorización para funcionar al Banco Central”.
Tanto la Carta Orgánica del BCRAm como el Régimen Penal y Cambiario establecen que el único ente con potestad para autorizar a un local a operar en el mercado de cambios es el Central.
Las autoridades del Central solicitaron a la administración macrista explicaciones sobre estas autorizaciones sin obtener una respuesta concreta.
Desde esa dependencia sólo enviaron un CD que contenía un listado incompleto de establecimientos habilitados para operar en cambios y la argumentación de que las habilitaciones se otorgaron para cotejar condiciones de higiene y seguridad.
Sin embargo, las autorizaciones no tenían carácter temporario, ya que ninguno de los 17 establecimientos allanados había hecho el pedido al Central.
En el escrito se explicita que las casas de cambio clandestinas utilizaron esta habilitación “para aparentar legitimidad en la operatoria ilícita y marginal”, con lo que crearon una plataforma para comprar y vender divisas a un tipo de cambio mucho más alto que el oficial.
“La Ciudad estaría avasallando facultades que por ley le son propias a este ente de control, en su función de fiscalizador del Sistema Financiero y Cambiario”, señala la denuncia, que además remarca que habiendo sido alertados sobre estos casos funcionarios del Gobierno de la Ciudad, “se arrogaron una competencia que no les es propia”.
Esto implica un “delito doloso y de dolo directo. Ello quiere decir que conoce la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, oponiéndose a la ley”, detalla la denuncia en que se sostiene que estas irregularidades ameritan ser investigadas en sede penal.
