El bloque del Frente para la Victoria, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio, aspira a aprobar el presupuesto 2016 en octubre, de manera de poder convertirlo en ley por el Senado antes del cierre de las sesiones ordinarias.
El oficialismo quiere tener aprobado el presupuesto y que las próximas autoridades, a partir de las facultades que mantendrá esa ley, podrán reformular los aspectos que crean necesarios.
Además junto con el Presupuesto se deberá debatir la prórroga de los impuestos que vencen este año que son el tributo al cheque que aporta una recaudación de 120.182 millones de pesos, y del 7 por ciento del adicional del cigarrillo.
Por lo pronto, el Frente para la Victoria decidió comenzar este martes el debate del presupuesto y para ello concurrirán a explicar los principales ejes de la propuesta gubernamental, los secretarios de Políticas y Planificación del Desarrollo, Emanuel Álvarez Agis; de Hacienda, Juan Carlos Pezoa; y de Finanzas, Pablo López.
La reunión, que será presidida por el titular de la comisión de Presupuesto, Roberto Feletti, se efectuará a las 13 en el Salón C del nuevo edificio de la Cámara de Diputados.
La agenda legislativa prevé otra reunión para el martes 29 o el miércoles 30 para firmar el despacho que se discutirá en el marco de una sesión especial.
El proyecto de presupuesto presentado el martes pasado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, contempla para el próximo año una previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto del 3 por ciento, una inflación del 14,5 por ciento y un tipo de cambio promedio de 10,60 pesos por dólar hasta llegar a un 11,2 en diciembre del próximo año.
En los fundamentos del proyecto se afirma que para “el 2016 se espera que el PIB crezca un 3,0% anual, con una mejora de la Inversión, el Consumo y el comercio exterior. En línea con las proyecciones de crecimiento vigentes para nuestros socios comerciales, se estima una recuperación de la actividad económica con efecto positivo en la demanda por exportación.
También prevé una cifra de un billón quinientos sesenta y nueve mil cuatro doce millones noventa y un mil novecientos cincuenta y uno (1.569.412.091.951) para el total de los gastos corrientes y de capital.
En tanto, los gastos totales consolidados del Sector Público Nacional alcanzarán a $1.705.076,6 millones en tanto que al descontar el gasto por intereses de la deuda pública, el gasto primario representa el 24,57% del PIB.
De esta forma el gobierno estima que el año próximo los ingresos corrientes crecerán 21 por ciento, los tributarios lo harán en un 25,2 y los gastos corrientes aumentaran 16,7 por ciento, lo que dará un resultado primario en equilibrio con un superávit de 0,09 por ciento.
Al presentar el presupuesto, Kicillof aclaró que "no habrá cambios en la política tarifaría y en los subsidios" y subrayó que "este presupuesto es adecuado y no busca condicionar a ningún gobierno".
De acuerdo al proyecto los recursos tributarios serán de 1.420.072 millones de pesos que serán aportados por un conjunto de tributos, de los cuales los que más recaudan son el impuesto a las ganancias, Iva, impuestos al cheque, y a las naftas.
Por el impuesto a las ganancias se estima que se recaudarán por el impuesto a las ganancias $482.325,3 millones, por el IVA $524.602,2 millones, por los bienes Personales: $22.627,9 millones, por el tributo a las naftas, $35.579,6 millones, por los derechos de Importación y Exportación y Tasa de Estadística: $131.317,8 millones y por el impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias: $120.182 millones.
Por otro lado, prevé un incremento del 36 por ciento en los recursos para la seguridad social dado que tendrán que cumplir con la ley que establece dos aumentos por año no solo para las jubilaciones como es hasta ahora, sino para la Asignación Universal por Hijo, y las asignaciones familiares.
También el proyecto contempla cumplir con la ley de financiamiento educativo, mantiene los programas del ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social, con lo cual mantiene su política de destinar más del sesenta por cientos de sus recursos al gasto social.
Sobre el pago de las sentencias judiciales, el proyecto fija en doce mil quinientos millones de pesos el pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa como consecuencia de retroactivos originadas en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional.
