La Auditoría General de la Nación (AGN) en 2013 elevó un crítico informe sobre la Planta Paraná de Las Palmas, obra adjudicada al consorcio liderado por la brasileña Odebrecht y que está bajo investigación judicial por diversas irregularidades que se buscan determinar.
La auditoría consignó la adjudicación de la obra al consorcio pese a hacer una oferta "24,74% por encima del presupuesto oficial", "retrasos en los plazos de ejecución que elevaron el valor del contrato a aproximadamente un 78%", "falta de controles de los organismos competentes", "falta de documentación para las certificaciones", entre otros aspectos.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner la AGN en un informe de 52 páginas al que accedió Clarín (actuación 380/12), realizó una serie de observaciones sobre la obra que tuvo Odebrecht y que investiga el juez Sebastián Casanello. El presupuesto oficial de la licitación, según la auditoría, fue de $ 1.838 millones y que el consorcio de Odebrecht ascendió a $ 2.200 millones. La adjudicación finalmente, en agosto de 2008 fue por $ 2.293 millones y remarcó la AGN: “Un 24,74% por encima del presupuesto oficial”.
Uno de los aspectos que investiga el juez Casanello, son los plazos de obras. La licitación contemplaba que la planta potabilizadora se concluiría en 36 meses, pero no ocurrió hasta 96 meses después. La AGN señaló que “la ausencia de una adecuada planificación generó atrasos en la ejecución de la obra, con relación al plazo previsto incidiendo en su valor final”. Respecto al plazo de obra, se modificaron “dos veces los documentos”, donde se llevó con una adenda la obra a 47 meses y la segunda en 2013 con el plazo extendido final.
El consorcio de empresas se justificó en su momento, a que los retrasos respondían a “medidas de las autoridades municipales” y “demoras en el pago de las certificaciones con financiamiento AySa”. La AGN señaló en su informe que estos retrasos, incidieron "en el valor final” de la planta potabilizadora: las redeterminaciones de precios efectuadas a diciembre de 2012 “elevan el valor del contrato a aproximadamente un 78% respecto al monto contractual de origen”.
Entre otras irregularidades marcadas por la Auditoría, se indicó que no se pudo validar los mecanismos de control realizados por la Agencia de Planificación (APLA) dependiente del ex ministerio de Planificación. “No pudieron respaldarse los ítems incluidos en los certificados de obra, como tampoco su correlación financiera”, se plasmó en el informe. Hubo certificados en sus costos que diferían de lo volcado en la documentación revisada por la AGN.
Fotografía: Luciano Thieberger.
