Sergio Maldonado, hermano de Santiago, había solicitado que se conforme un Grupo Especial de Investigadores para trabar de forma independiente a la investigación actual. El magistrado argumentó que “todas las fuerzas de seguridad del Estado argentino están bajo la órbita de competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación y ello no es motivo ‘per se’ para sospechar de maniobra ilícita alguna que empañe la investigación de los hechos presuntamente delictivos que resultan o resultaren objeto de los presentes autos”.
“Considero que no es pertinente, en esta instancia, la convocatoria de un Grupo Especial de Investigadores como lo pretende la querella que patrocina la doctora Verónica Heredia. Y ello es así, a mayor abundamiento, debido a que la organización institucional, tanto del poder judicial como también del resto de los organismos que posee el Estado Argentino, pueden dar una respuesta adecuada a las exigencias contenidas en los tratados internacionales que la querella cita, tal como ha ocurrido en los procesos donde esas instituciones del Estado Argentino, investigaron y juzgaron a autores de delitos de lesa humanidad”, sentenció Lleral.
Desde que el cuerpo de Maldonado fue encontrado, la justicia se concentró en determinar las causas de muerte y en avanzar o descartar la hipótesis de que el cadáver podría haber sido “plantado”. A pesar de las novedades que surgen cada semana, las partes insisten en manejarse con cautela.
