El documento, presentado por el Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA, en Washington, llama la atención sobre diversas amenazas para la paz. Y en este sentido, señala que si bien es positiva la creación e implementación, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la Unidad Élite de la Policía Nacional, la persistente violencia entre grupos armados ilegales de diversa naturaleza que se disputan el control de las economías ilícitas y los territorios dejados por las Farc, está generando graves afectaciones a la población civil, principalmente a nivel rural.
El informe de la Misión dice que, como resultado de estos contextos de violencia, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes se ven abocadas a extorsiones, confinamiento, desplazamiento forzado, violencia basada en género y reclutamiento de menores de edad, entre otras afectaciones.
“Generan especial preocupación los asesinatos selectivos y amenazas contra líderes sociales, comunales y étnicos, quienes reivindican los derechos de sus comunidades y territorios”, manifestó Menéndez, expresando su “enérgico rechazo a estos ataques que ponen en riesgo la construcción de paz, y de los que nos están exentos los desmovilizados de las Farc y sus familias”. Asimismo, indicó que “es necesario reforzar la seguridad para reducir los impactos humanitarios, investigar y castigar los crímenes, e implementar de manera oportuna y articulada los acuerdos de paz, prestando especial atención a las deudas en materia de reparación a víctimas y restitución de tierras”.
Eso sí, La Misión destaca en su reporte el tránsito de la guerrilla de las Farc a la vida civil y al escenario político, y valora el proceso de negociación del Gobierno colombiano con la guerrilla del Eln en medio de un cese al fuego bilateral. El informe presentado es resultado de 960 misiones a terreno en 500 centros poblados, como parte del monitoreo y acompañamiento permanente que el organismo adelanta desde 2004 en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la criminalidad en Colombia, y en él se plantean observaciones y recomendaciones frente a asuntos centrales, como participación social, conflictividades sociales actuales y potenciales, justicia transicional, reincorporación y monitoreo carcelario de excombatientes.
