Los estudiantes, en su mayoría de esos academias de estudios, condenaron en duros términos la norma aprobada esta semana por el Congreso de la República y dejada en suspenso ante las prontas reacciones de repudio y la convocatoria de la protesta de este viernes mediante redes de Internet.
'No a la ley de la esclavitud juvenil', 'Que trabajen gratis los congresistas', dicen algunos de los carteles que llevan los jóvenes expresando su indignación, a tiempo de condenar a la promotora de la ley, Rosa Bartra, legisladora del neoliberal y mayoritario partido Fuerza Popular (FP).
Según el proyecto, suspendido cuando estaba a punto de convertirse en ley, los alumnos de institutos técnicos deberán trabajar en empresas de actividades afines a lo que estudian, cuatro horas diarias hasta cinco días a la semana, hasta totalizar 448 horas en tres años, a fin de ganar experiencia laboral.
Bartra y representantes de esos institutos del sector privado alegan que no será una relación laboral, sino de una oportunidad formativa y de preparación para que unos 300 mil alumnos de esos centros puedan 'competir en el mercado laboral'.
Los manifestantes, de condición humilde, condenaron el proyecto y la mayoría ya trabajan media jornada para pagar sus estudios y no es justo que ahora tengan que hacerlo gratis.
El presidente del estatal Servicio de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), Rudecindo Vega, calificó de abuso la ley porque obliga al 'trabajo gratuito, disfrazado de formación, ni siquiera es práctica'.
La periodista Rosa María Palacios reveló que el proyecto fue promovido entre bambalinas por María Isabel León, activista electoral de FP y presidenta de la Asociación de Institutos y Escuelas Superiores del Perú, que agrupa a centros privados y defiende la ley.
Por su parte, el exparlamentario Daniel Mora, impulsor de una nueva ley universitaria y otra para institutos técnicos, señaló que la segunda en preparación exige a esos centros contar con equipos y laboratorios para que los alumnos tengan preparación práctica.
Según explicó, esas empresas han hecho lobby (cabildeo) para que se apruebe la norma cuestionada a fin de eludir la obligación de invertir en equipamiento y en cambio los estudiantes trabajen gratis en empresas, proveyendo a estas de mano de obra gratuita.
La norma no solo obliga a los alumnos a trabajar gratis durante 448 horas, sino que considerará estas como horas de clases por las que deberán pagar los estudiantes. Mora criticó la escasa inversión del Estado en el desarrollo de los institutos técnicos, lo que genera un déficit de 200 mil técnicos cada año, que se cubre con la contratación de oriundos de países vecinos.
