La situación quedó planteada al secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, para que se celebre una audiencia pública en el periodo de sesiones 169, fijado del 1 al 5 de octubre, en el estado norteamericano de Colorado.
El otrora presidente del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó en 2006 una querella contra Washington, pero no fue hasta enero de 2017 que la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), decidió acoger la querella, recuerda el diario puertorriqueño El Nuevo Día.
La CIDH notificó la admisión de la querella el 3 de marzo de 2017 al exgobernador Rosselló y al Comité Asunto Inconcluso de la Democracia Americana.
'Lo que está en juego en este caso son los derechos humanos fundamentales de tres millones y medio de personas, incluido su derecho a votar y participar en su gobierno (de Estados Unidos), a un trato igual ante la ley y a ser reconocidos como personas que tienen y merecen derechos civiles', según afirmó Orlando Vidal, abogado de Rosselló.
El padre del actual gobernante boricua, Ricardo Rosselló Nevares, pretende de este modo forzar a Washington a proporcionar a los residentes en Puerto Rico derechos reservados a los estados de la Unión.
'No podemos pensar en ningún otro caso pendiente ante esta Comisión cuya resolución afectaría tantas y tan significativamente como lo haría la resolución de este caso', se indicó en la misiva.
Rosselló preside además la denominada Comisión de Igualdad, que creó su hijo para promover la anexión a Estados Unidos de esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes.
Los puertorriqueños, a los que se impuso en 1917 la ciudadanía estadounidense pueden participar en las elecciones de la nación norteña, siempre que estén radicados en uno de los estados y figuren inscriptos como electores.
El gobierno de Estados Unidos ha respondido, según el diario, que 'el derecho a trato igual bajo la ley significa que la ley no puede tratar de forma diferente a personas bajo la misma situación'.
En ese sentido, mantiene que los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico no están en la misma situación que los que radicados en los estados y el Distrito de Columbia, sino en la misma situación que los ciudadanos que residen en otros territorios estadounidenses como Guam y las Islas Vírgenes.
'Los ciudadanos que residen en Puerto Rico son tratados igual que se trata a los ciudadanos que residen en otros territorios', dijo Washington a la CIDH.
Puerto Rico está bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde 1898, mas en 1952 se estableció el Estado Libre Asociado (ELA), fórmula de gobierno sui generis que le otorgó cierta autonomía en su administración interna, la que ahora mismo está supeditada a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta mediante la legislación Promesa.
De este modo, se trata de controlar las operaciones del gobierno isleño con el propósito de tratar de garantizar el pago de su deuda pública de 73 mil millones de dólares.
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