Ramírez fue la encargada de pedir la detención de Néstor Segovia y de otros 15 Metrodelegados, en el paro realizado a mediados de mayo. Desde AGTSyP expresaron su repudio y convocaron a una reunión. Por ANRed.
La fiscal Celsa Ramírez solicitó el cambio de carátula de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) al de una “asociación ilícita”. En su escrito, Ramírez sostiene que los Metrodelegados “pertenecen a una agrupación que tiene el propósito de llevar a cabo actividades como las que motivan está pesquisa, es decir, las conductas ilícitas previstas y reprimidas por el art. 194 del Código Penal”.
Con este tipo de acciones, la fiscal pretende desconocer al sindicato del subte e imputarlo como una asociación ilícita, criminalizando la protesta y negando el legítimo derecho a huelga de los afiliados. A través de su cuenta de Twitter, el Secretario adjunto de AGTSyP, Néstor Segovia, ha manifestado: “No nos sorprenden estás maniobras del Gobierno mandando a sus fiscales amigos”.
Voces cercanas al sindicato sostienen que Ramírez fue puesta a dedo por el Gobierno para realizar este tipo de acciones, a fines de perseguir al sindicalismo no alineado a Cambiemos. Y tiene lógica: la fiscal fue la responsable de la detención de 16 trabajadores por “atentado y resistencia a la autoridad”, en la huelga de mayo pasado. Además, Ramírez fue indagada por abuso de autoridad en el marco de una investigación en el ex PADELAI.
No es la primera vez que la justicia ataca a los Metrodelegados. En marzo, la Corte Suprema dictaminó que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) es el único sindicato que cuenta con la personería gremial de los trabajadores del subte.
El artículo 210 por el que Celsa Ramírez Imputa a los Metrodelegados prevé penas de prisión de entre 3 a 10 años. Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Subte y Premetro rechazaron tales acusaciones y convocaron a una reunión para el próximo jueves por la mañana en Tacuarí y Bernardo de Irigoyen.
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