El fiscal de Estado, Raúl Abate, dirigió un operativo en 32 lotes en Colonia Árbol Blanco y Alberdi, estos últimos lotes habían sido donado por la gobernación a comunidades originarias y campesinas.
Ya en el territorio, el Fiscal pudo constatar la usurpación en acto y la tala indiscriminada de bosque nativo. Para expresarlo con las palabras justas, el funcionario de la Justicia, declaró a la prensa: “Estas tierras fueron adquiridas en forma ilegítima por el empresario y en realidad pertenecen al gobierno de la provincia de Santiago del Estero. La maniobra fue hecha por la firma Manaos, cuyo propietario sería Canido y estaría asociado a la empresa Lipsa de la provincia de Chaco, que les hace servicios de siembra“, aclaró.
El fiscal adelantó que el gobierno quiere recuperar las tierras “para darles el destinos que deberían tener, que no es formar estancias y latifundios en manos de empresarios” Estas tierras están para ser trabajadas por campesinos, eso es lo que indica la Ley de Colonización.
“En los operativos se constataron desmontes, dos topadoras y se tomaron imágenes fotográficas, videos, y en toda estas circunstancias hay una producción de soja ensilada, con silosbolsas, verdaderamente una producción muy importante y de todo esto se va a ocupar la justicia. Vamos a pedir el inmediato desalojo o expulsión del empresario”.
No es la primera vez que Canido debe dar explicaciones a la justicia. El año pasado debió explicar un confuso episodio donde se lo acusó de atacar con armas de fuego a campesinos del paraje Bajo Hondo.
En este caso interviene la jueza Rosa Falco de Rainieri, la causa es caratulada “abuso de armas, lesiones y amenazas” Seguramente apelando a sus influencias en el mundo judicial, Canido fue beneficiado con “eximición de prisión” por la misma jueza que lo investiga.
El hecho es grave, una patota de este empresario entró con armas de fuego a la comunidad originaria “Guaycurú“, incendiando casas, matando animales y envenenando el único pozo de agua de la comunidad.
La gaseosa Manaos tiene un doble discurso, apela a una publicidad federal e inclusiva, pero su propietario elige la usurpación, la violencia y el maltrato en su vida real.
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