Los familiares de fallecidos en el incendio de Iron Mountain, a cinco años del trágico episodio, buscan ser reincorporados como querellantes en la causa penal que tiene procesados a 12 ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma, así como a cinco directivos de la empresa.
A un lustro del incendio por el que murieron ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil, el juzgado en lo Criminal y Correccional 18, a cargo de Pablo Ormaechea, decidió “quitar” a los familiares como querellantes en la causa por “incendio por estrago culposo seguido muerte” tras que alcanzaran un acuerdo económico con la empresa.
Según Rolando Monticelli, padre del fallecido bombero Juan Matías Monticelli, se trata de una estrategia: “Al sacarnos como querellantes lo que buscan es limitar la responsabilidad y evitar el juicio oral”.
En declaraciones a la agencia estatal Télam, el abogado de los familiares, Miguel Arce Aggeo, detalló que “se trata de una interpretación del viejo código de procedimientos, que establece que si una de las partes llega a un acuerdo, de la índole que sea, ya no puede ser querellante. Nosotros apelamos y la Sala 5 de la Cámara ratificó el fallo de primera instancia; volvimos a apelar y desde mayo la decisión la tiene Casación”.
La mañana del 5 de febrero de 2014, el fuego devoró un depósito de documentación ubicado en Azara 1245, donde acudieron varias dotaciones de bomberos voluntarios y de la Policía Federal, cuando una pared se derrumbó sobre la vereda y mató a diez personas.
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