La justificación de La Moncloa llega como respuesta a una pregunta del diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares, quien en noviembre pasado presentó una consulta escrita al Gobierno.
En su iniciativa, el parlamentario se hacía eco de las investigaciones difundidas por el diario Público, que dio a conocer las relaciones entre el Rey Juan Carlos I y el gobierno de Adolfo Suárez con el régimen argentino.
“¿Cuál fue la colaboración económica y política del gobierno español con la dictadura del general Videla en Argentina?”, preguntó Llamazares. El plazo de respuesta expiró el 13 de diciembre, por lo que el diputado de IU tuvo que presentar un recurso de amparo a la Cámara.
Lo mismo ha ocurrido con una pregunta formulada por el también diputado de IU Joan Josep Nuet, quien incidió especialmente en las 56 condecoraciones otorgadas por el Rey Juan Carlos a los militares argentinos, otro de los aspectos descubiertos por este periódico.
De momento, La Moncloa sólo ha respondido (fuera de plazo) a Llamazares. En su respuesta, el Ggobierno del PP sostiene que “las relaciones bilaterales entre España y Argentina” durante los años de Videla “se mantuvieron conforme con el principio de universalidad de relaciones diplomáticas entre Estados y similares a las mantenidas con el resto de países del continente iberoamericano”.
La justificación no termina ahí. Un párrafo después, el ejecutivo liderado por Rajoy sugiere que una dictadura tendría, a los ojos de España, la misma validez que un gobierno democrático.
“La relación bilateral en esa época –añade- fue además consecuente con el hecho de que Argentina es una de las naciones con las que España tiene lazos históricos y culturales más intensos, que van más allá de la permanencia en el poder de un tipo u otro de gobierno, al asentarse las relaciones diplomáticas no entre éstos, sino entre Estados”.
Archivos desclasificados
Asimismo, el Gobierno indica que los archivos sobre los españoles desparecidos en Argentina entre 1976 y 1983 fueron desclasificados en 1997 “a efectos exclusivamente judiciales”, a raíz de una solicitud formulada por el juez Baltasar Garzón.
Según ha podido confirmar Público, esos documentos fueron incorporados en la causa judicial que se tramitó en la Audiencia Nacional española sobre los crímenes cometidos por la sangrienta dictadura de Videla.
Las puertas de la embajada de España en Buenos Aires volvieron a abrirse en abril de 2013, cuando el ministerio de Asuntos Exteriores entregó a la Audiencia Nacional dos soportes informáticos con “documentación digitalizada obrante en la Embajada y Consulados generales de España en Argentina (sitos en Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario) relativa a los desaparecidos entre los años 1970 y 1980”.
Sin embargo, Público ha podido confirmar que en los discos duros entregados por el Ejecutivo faltaban varios telegramas e informes reservados de la diplomacia española en los años más duros, cuando miles de personas eran torturadas y lanzadas vivas al mar.
*Por Danilo Albin, Público
