Señalando el período electoral, el documento exige a todas las fuerzas políticas el consenso de políticas públicas educativas para "garantizar la continuidad de la política de incremento anual y progresivo del presupuesto universitario, el cual deberá alcanzar el 1,5 por ciento del PBI en el 2020 y el 2 por ciento en el 2025".
También advirtieron sobre la necesidad de "impulsar los medios que posibiliten el aumento de los alumnos y los egresados de las carreras tecnológicas en un 50 por ciento en un plazo de diez años".
"El gobierno entrante tendrá la responsabilidad de consolidar y de profundizar una política de Estado que trascienda los partidos y que garantice la promoción de políticas de bienestar universitario para estudiantes, docentes y personal técnico", apuntaron.
Los Rectores y autoridades universitarias se reunieron con el ministro de Educación, Alberto Sileoni; el de Trabajo, Carlos Tomada; el de Salud, Daniel Gollán; y el secretario de Política Económica, Emmanuel Álvarez Agis, junto a otros funcionarios nacionales y representantes de los sindicatos docentes y no docentes.
A lo largo de los debates, los representantes de las universidades nacionales de todo el país confeccionaron el documento en el que afirman su compromiso con "el proceso de desarrollo sustentable con inclusión social de nuestra Nación", y señalan que "este rol debe comprender una interacción cada vez más fuerte y coordinada con los diferentes actores sociales de nuestro territorio, incluyendo a todos los poderes públicos y a cada uno de los niveles del Estado".
Los rectores advirtieron que "ante las perspectivas que se abren en este año donde se renovarán las autoridades de la nación por medio del voto popular, queremos aportar nuestra perspectiva al debate público" y consensuaron diez puntos propositivos que fueron aprobados por unanimidad.
En el primero se proponen "promover una concertación política amplia y plural entre las diversas fuerzas partidarias, que permita continuar y profundizar los programas estratégicos de desarrollo nacional. La Argentina debe seguir consolidando un proyecto nacional de desarrollo integral, donde la universidad y la producción de conocimiento tenga un papel fundamental".
Las autoridades universitarias hicieron hincapié en "concientizar en la necesidad de profundizar y mejorar los programas sociales, de empleo para jóvenes y la distribución del ingreso, tendiendo a la igualdad real de oportunidades sin discriminación de ninguna índole. En el plano universitario potenciar los proyectos que garanticen la inclusión de los jóvenes y los programas que vinculen a las universidades con los sectores socio-productivos del territorio".
También señalaron la necesidad de "impulsar que los programas científicos y universitarios argentinos sigan contribuyendo a las acciones de reindustrialización y de agregación de cadenas de valor vigente" e "impulsar los medios que posibiliten el aumento de los alumnos y los egresados de las carreras tecnológicas en un 50 por ciento en un plazo de diez años".
Los rectores reconocieron "la importancia fundamental que tienen la ciencia, el arte y la tecnología, para el proceso de recuperación estratégica de la industria energética, las industrias culturales, las tecnologías relacionadas con la alimentación y la salud, el transporte ferroviario y naval y de aquellos nichos de innovación tecnológica que el Estado argentino está impulsando con ARSAT, CONAE, INVAP, TDA la CNEA y los sistemas universitario y científico tecnológico".
Las autoridades universitarias propusieron "acompañar la formación de una cultura popular, federal, nacional y sudamericana, estudiando y difundiendo las capacidades, los desarrollos y producciones folclóricas, tecnológicas e históricas de cada región y país".
Además destacaron que "las universidades públicas deben contribuir a planificar las políticas educativas, tecnológicas y culturales con el conjunto del Estado y las organizaciones productivas y del trabajo del país. El dialogo activo entre el Estado Nacional y os distintos poderes públicos es estratégico para el futuro de la educación superior".
Los rectores subrayaron la necesidad de "garantizar la continuidad de la política de incremento anual y progresivo del presupuesto universitario, el cual deberá alcanzar el 1,5 por ciento del PBI en el 2020 y el 2 por ciento en el 2025", y advirtieron que "el gobierno entrante tendrá la responsabilidad de consolidar y de profundizar una política de Estado que trascienda los partidos y que garantice la promoción de políticas de bienestar universitario para estudiantes, docentes y personal técnico".
También convinieron "debatir de manera conjunta y dialogada con el poder público y con los sectores del trabajo y la producción, los principios generales de una nueva regulación de la normativa universitaria. Consideramos oportuno acompañar la iniciativa de refundación institucional y legal recuperando las propuestas e inquietudes del conjunto del Estado, de los sectores productivos y de trabajadores del país".
Los rectores ratificaron su compromiso de "acompañar el proceso de unidad de Sudamérica vigente con el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC. Consideramos oportuno avanzar en un sistema regional de articulación universitaria que tienda al reconocimiento de títulos y de competencias profesionales, que favorezca la movilidad masiva de los universitarios y que permita reforzar una identidad y un sentido de pertenencia sudamericano".
En el décimo punto, las autoridades universitarias resaltaron la necesidad de "promover la expansión territorial y académica de forma equilibrada y planificada garantizando el acceso de la educación superior en todo el territorio nacional. Consideramos que debe propiciarse el desarrollo de la educación virtual, los CRES (Centro Regional de Educación Superior), el análisis de la creación de nuevas universidades y carreras en consonancia con las políticas de desarrollo de nuestro país".
"En estos años las universidades hemos tenido un crecimiento histórico en el país. Es nuestro deseo, como representantes del sistema universitario público, que este proceso continúe y se profundice como base del desarrollo de nuestra nación", concluye el documento que fue entregado al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) y presidente del CIN, Jorge Calzoni, dijo a Télam que "esto tiene que ver con el nuevo tiempo que vive la Argentina en el que las universidades se siente parte del Estado y no algo ajeno a una sociedad que ha ido creciendo y ha tomado nota de los cambios que se dieron en los últimos años".
"El documento refleja nuestras ganas de proteger y profundizar todos los logros que se obtuvieron en estos años de crecimiento, todas las universidades más allá del color político quieren bancar lo que se conquistó porque somos conscientes de la importancia histórica de este presente", añadió.
