"Trabajamos en la idea de romper con la barrera que aleja a la justicia de los más vulnerables", explicó el abogado especializado en derecho penal y juvenil para referirse a la matriz del programa creado a instancias de la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó, al presentar la diferencia con los años '90 en materia de políticas de Estado.
Axat resaltó que en esa época, el achicamiento del Estado provocó que "los tribunales fueran inalcanzables para los más vulnerables" y que hoy, ATAJO "representa un buen ejemplo de volver a construir un puente consolidando la percepción de justicia, con fiscales y jueces en los barrios pobres, como una manera de romper con ese sesgo negativo y discriminatorio con que se encuentran al llegar a un tribunal".
El programa de Acceso Comunitario a la Justicia se ocupa de instalar y gestionar las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO) destinadas a recibir y derivar denuncias, atender consultas, orientar y brindar información judicial y facilitar así la resolución alternativa de conflictos mediante mecanismos de prevención de delitos.
Así, problemáticas como la violencia de género, estafas, violencia institucional, maltratos, trata de personas, abusos, son recibidas por un equipo de abogados y trabajadores sociales, que, a diferencia de una comisaría -al decir de Axat- "no labran un acta sino que se les explica qué significa la denuncia y cuál va a ser su destino" y a partir de ahí, se canaliza la acción por medio de la articulación con procuradurías especiales o fiscalías.
A la vez, desarrolla acciones de promoción de derechos con talleres, encuentros y charlas dirigidos a fomentar la formación de derechos y que los vecinos puedan ejercerlos.
Para el coordinador del programa, el concepto de empoderamiento legal no sólo requiere de estructuras con equipos y tecnología sino que además "es necesario que la comunidad perciba que esos dispositivos son amigables y están vinculados con la justicia, porque sino son como islas perdidas en las villas".
"Cuando la gente conoce sus derechos, empieza por sí sola a empoderarse y es a partir de allí que se desplaza la idea de que la comisaría o la polícIa resuelve los problemas del barrio", señaló.
Como ejemplo, mencionó el caso de una mujer golpeada que acude a una comisaría y es disuadida por el personal policial, en tanto que la justicia proporciona mecanismos como la oficina de violencia de género o la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género creada recientemente para permitir al barrio "eludir el cerco policial y trabajar a contrapelo del sistema penal actual".
"Atajo no investiga: recibe, labra actas y deriva a patrocinio jurídico. Somos un derivador responsable que además hace seguimiento hasta el fin del proceso", aclaró el coordinador del programa que lleva instaladas en CABA seis oficinas fijas en las villas 21-24 (Barracas), 31 y 31 bis(Retiro), 1-11-14 (Bajo Flores), Barrio Mitre (Saavedra), 20 (Lugano), Constitución y una móvil que se instala semanalmente en la villa 15 (Ciudad Oculta), Rodrigo Bueno (Puerto Madero) y Barrio Saldías (entre Recoleta y Palermo).
La llegada de los ATAJO a los barrios requiere como primer paso establecer un vínculo con los referentes sociales para conocer la realidad del lugar y consolidar los canales de comunicación con la comunidad con eje en la comunicación con docentes y alumnos de escuelas, centros de jubilados, fuerzas de seguridad y curas villeros con gran presencia en los barrios.
A la hora de recibir denuncias de víctimas de abusos o desbordes de las fuerzas de seguridad, Axat explicó que el equipo de ATAJO "escucha y brinda una respuesta jurídica" que luego canaliza a través de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) para que ésta accione ante la fiscalía y se investigue el hecho.
"Es necesaria una conexión rápida y directa con Procuvin para obterner una respuesta institucional inmediata, además de establecer un vínculo con los puestos de Prefectura, Gendarmería Nacional, Policía Metropolitana y Federal que reconocen la existencia de un dispositivo de justicia en el barrio y aunque se sienten observados, saben que el monitoreo es inevitable", razonó.
Axat supo desde niño la historia de sus padres desaparecidos por la dictadura cívico militar, de su militancia en los barrios y de su compromiso por la justicia social que hoy, en otro contexto, lleva como legado.
"Siempre estuve vinculado con los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. Formé parte de H.I.J.O.S. en La Plata, nuestros padres venían de trabajar en los barrios, creían en un cambio para las personas que menos tenían y mi familia me crió en esos valores", afirmó.
Trabajó en el Poder Judicial como defensor público de niños y adolescentes en La Plata pero comenzó a militar en H.I.J.O.S. por los '90 y el año pasado recibió la reparación histórica de saber que los secuestradores y asesinos de sus padres se encuentran en una cárcel común condenados por crímenes de lesa humanidad en el ex centro clandestino 'La Cacha'.
"Ellos estaban pensando desde otro lugar en el acceso a la justicia, y creo que hay una continuidad entre nuestra generación y la de ellos que la dictadura no pudo romper y que nosotros queremos volver a poner como objetivo: mejorar y fortalecer el vínculo de la justicia con los más vulnerables", concluyó.
