Para la justicia las pruebas presentadas por Sergio no son suficientes. Ana nos recibe en su casa, la misma que hace un año era allanada con la intención detenerla y en busca de pruebas que nunca encontraron.
Está acompañada por un desorden de latas de pintura y pinceles, tiene en sus manos el color celeste cielo del mural que está pintando en la terraza. Sin abandonar las pinceladas nos relata: “Yo estaba de viaje por Bolivia, cuando regresé me enteré por mis vecinxs que a los gritos y patadas habían allanado la casa. Mi hermano tampoco estaba enterado del hecho hasta que fue apresado. Recién seis meses después de su detención, la fiscalía solicitó analizar la filmación de la cámara de seguridad lindera a la casa donde sucedió el robo. Las pericias dieron como resultado que las imágenes son dudosas y que no se puede asegurar que Sergio es la persona que se ve en el video”. Parte de la nota de FaP, que reproducimos completa más abajo.
Ella se aleja del mural por un instante, en silencio lo contempla. El paisaje norteño que dibuja es el mismo que la salvó de ser detenida injustamente. Mates de por medio, su mirada se pierde en las fotos que nos enseña de su hermano. Nos cuenta sobre las idas y vueltas de penal en penal y el deterioro del estado de su salud durante el año detención que está por cumplir: “En el penal Nº 43 de González Catán recibió puñaladas, quemaduras con agua hirviendo y cigarrillos por parte de otros internos. Mediante una pericia psiquiátrica, un profesional informó que debía ser internado, entonces lo trasladaron a la unidad 34 de Melchor Romero”.
La descripción de Ana cambia de escenarios pero la historia se repite una y otra vez: “Meses después sufrió un nuevo traslado a la Unidad Nº 1 de Olmos. Ahí no tenían en cuenta que es un paciente con epilepsia y discapacitado. No le suministraban su medicación psiquiátrica y neurológica obligatoria. Contrajo enfermedades a raíz de las deficientes condiciones de higiene del penal”.
Ante el peligro fue trasladado nuevamente: “Lo llevaron al penal Nº 23 de Florencio Varela donde tampoco se aseguró su integridad física, psicológica y moral, se resolvió trasladarlo a la Unidad Nº 28 de Magdalena, allí fue golpeado brutalmente. Ante su grave estado fue llevado otra vez a la unidad número 34 de Melchor Romero que es donde se encuentra actualmente”.
Para finalizar el relato, Ana puntualiza: “Estos hechos de violencia sucedidos en diferentes penales fueron denunciados, intervienen en la causa la Fiscalía Nº 2 y Nº 11 de La Matanza”.
El mural aún no está terminado, la luz del sol se oculta. Con paciencia deberá esperar otro día para continuar los trazos de una vida que añora.
Tal vez, la misma paciencia con la que cada día recorre medios de comunicación, juzgados y bufettes de abogadxs pidiendo la libertad de su hermano. La causa, inscripta en la IPP Nº 7799/16, en la cual interviene la Fiscalía Nº 6 a cargo de Mariana Teresa Sogio y el Juzgado de Garantías Nº 2 bajo la intervención del juez Raul Ricardo Alí, de San Justo, La Matanza; está en vías de elevarse a juicio oral.
Ana clama a la justicia que tengan en cuenta de que no hay pruebas fehacientes de que Sergio haya sido autor del robo; que la tarjeta SUBE que confirma el lugar en el cual se encontraba fue extraviada en comisaría noreste tercera de La Tablada donde en principio estuvo detenido y que se desploma la veracidad del testimonio que asegura la autoría de lxs hermanxs desde el momento en que se desvincula a Ana del hecho, al comprobar que dicha declaración era incorrecta y que no se encontraba en el país al momento del robo.
Su relato nos remite inevitablemente al documental de Enrique Piñeyro “El Rati Horror Show”, que retrata la historia de Fernando Ariel Carrera, un hombre condenado injustamente a treinta años de cárcel en un juicio colmado de irregularidades y de complicidad policial. Finalmente después de 11 años y con el documental con pruebas contundentes, Carrera fue absuelto por la corte suprema.
Esta causa no fue un error aislado, sino que fue parte de un entramado institucional que permite a la policía a armar causas para beneficio propio.
Un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundido por varios medios de comunicación describe los mecanismos que se repiten en las causas armadas: “Hay personas inocentes que permanecen detenidas durante años mientras los verdaderos responsables del delito no son investigados.
La policía tiene amplios márgenes de discrecionalidad para armar la primera versión de los hechos y utiliza esa libertad de acción para introducir testigos, sugerir hipótesis, realizar reconocimientos fotográficos o en rueda y otras ‘técnicas de investigación’ que no suelen ser controladas por fiscales y jueces.
Con estos métodos pueden construir y dar forma a la versión definitiva en el expediente judicial” Ana nos despide y nos invita a volver para pintar con ella el mural. Sabe que no está sola; que somos muchxs los que asumimos el compromiso de hacer visible este caso y poder juntxs a llegar a la verdad y la justicia por Sergio.
(APL)
