La autopartista Hutchinson, del grupo Total Argentina, inició el proceso de cierre de su planta en Martínez, Buenos Aires, y anunció a sus clientes que deja sus operaciones en Argentina por una profunda retracción del mercado doméstico y de exportación.
Según confirmó El Cronista, la firma ya le comunicó a las automotrices la rescisión de los contratos que tenían en algunos casos hasta el año próximo y el cierre definitivo de la planta se hará efectivo en los próximos días.
La firma, que tiene más de 120 plantas en el mundo y es proveedor de todas las automotrices, culpó por la decisión a “la falta de competitividad de la plaza local y el alto costo de mantener la empresa en funcionamiento”.
La situación del mercado autopartista local es delicada, agravada por la mayor importación de piezas y los altos costos de producción. Según un informe reciente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) mientras que en el primer trimestre del año la producción nacional de vehículos disminuyó 7,4%, las compras de autopartes al exterior se incrementaron 3% en términos interanuales.
Es decir, la importación de piezas creció considerablemente y la Ley de Autopartes con la que el gobierno intenta aumentar la integración en los modelos de autos de producción local todavía no muestra un impacto positivo.
En el caso específico de Hutchinson, son más de 350 los empleados afectados por el cierre de la planta, para los que el sindicato de obreros y el de empleados del caucho y afines firmó con la empresa un acuerdo marco para desvincularlos.
En el convenio entre las partes se indica que la compañía manifestó que persiste y se agrava “la difícil situación productiva y financiera”, que genera una “notoria e insanable disminución del trabajo en el establecimiento productivo”.
La empresa entregará una gratificación extraordinaria por egreso equivalente a una indemnización sustitutiva de preaviso e indemnización por antigüedad en caso hipotético de despido sin causa más un recargo del 150% sobre la antigüedad, de entre $ 500.000 hasta $ 4.000.000. El acuerdo incluye además una cláusula que indica que “hasta el efectivo cierre del establecimiento de la empresa, la representación sindical se compromete a mantener la paz social en el mismo, evitando realizar cualquier tipo de medida de acción directa que atente contra su normal funcionamiento”.
