Los acusados son militares y policías retirados, involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 72 víctimas, 14 de las cuales continúan desaparecidas.
El debate comenzó en marzo de 2015, cinco años después del primer juicio por delitos del terrorismo de Estado cometidos en el sur mendocino, en particular en la ciudad de San Rafael, 230 kilómetros al sur de la capital provincial.
El fiscal general de Mendoza, Dante Vega, y el fiscal subrogante Pablo Garciarena, requirieron que se imponga la pena de prisión perpetua a 14 de los 27 acusados en el juicio que se desarrolla por crímenes contra la humanidad en San Rafael, penas de entre tres años y diez años de prisión para otros 11 y la absolución de los 2 restantes.
En poco más de dos años, en audiencias realizadas en parte en San Rafael y las restantes en la ciudad de Mendoza, "hablaron casi todos los imputados en indagatorias, pero solo dieron alguna valoración de los hechos sin declaraciones relevantes", dijo el fiscal Pablo Garciarena.
La megacausa comprende homicidios, secuestros, torturas, un caso de violación y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de una asociación ilícita.
Fueron escenarios de estos crímenes las sedes de la Municipalidad de San Rafael, varios organismos de la Policía provincial en esta ciudad y la dirección de Inteligencia (D2) en la capital mendocina, la Penitenciaría de Mendoza, unidades del Ejército y de Gendarmería, entre otras establecimientos que funcionaron como centros clandestinos de detención, torturas y exterminio.
Los pedidos de perpetua incluyen al militar que fuese comisionado municipal, Luis Alberto Stuhldreher; también a miembros del Departamento de Informaciones policial, el D-2: el integrante del grupo de tareas de San Rafael Juan Roberto Labarta; el oficial ayudante Daniel Ernesto Huajardo Martínez y el oficial Oscar Raúl Pérez Fernández, el jefe de la División Cuerpos de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza, Pierino David Massaccesi, el jefe de la Unidad Regional II, Raúl Alberto Ruiz Soppe, el oficial de la Oficina de Sumarios de la Seccional 32° de San Rafael Hugo Ramón Trentini, el jefe de Operaciones (D-3) de la Policía mendocina Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez y los tenientes de la VIII Brigada de Infantería de Montaña Aníbal Alberto Guevara y Miguel Ángel Báez.
En la nómina también aparecen el teniente (RE) de la VIII Compañía de Ingenieros de Montaña Carlos Alberto Ochoa y tres ex miembros de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, el organismo castrense de espionaje en la zona: su jefe, Luis Ricardo Rizo Avellaneda; el sargento ayudante Cecilio Oseas Martínez y el sargento Juan Armando Giovarruscio.
