La denuncia por la responsabilidad estatal fue presentada el pasado 14 de marzo por dos diputados opositores al Ministerio Público (MP-Fiscalía), que ahora confirmó que le dio trámite hacia la CSJ para ver si hay alguna responsabilidad del presidente en el incendio del 8 de marzo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción se cobró la vida de 41 niñas y adolescentes, según confirmó la secretaría general de la Fiscalía, Mayra Véliz, a periodistas.
Según los diputados denunciantes, Sandra Morán y Leocadio Juracán, de Convergencia de Guatemala (oposición), el mandatario habría incurrido en los delitos de ejecución extrajudicial, tortura, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
La Suprema Corte deberá analizar el expediente y decidir si existen suficientes elementos de prueba en contra de Morales para luego darle trámite y enviar el expediente al Congreso, el que decidirá finalmente si se le levanta o no la inmunidad al mandatario. Si se le levantara la inmunidad, el Congreso enjuiciaría al presidente Morales.
Posterior al incendio, el jefe de Estado reconoció en una rueda de prensa que las menores estaban encerradas bajo llave.
Los detenidos este lunes son Brenda Chaman Pacay, jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia, donde ocurrió el siniestro. A ella se le acusa de los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
También fue arrestado por los mismos delitos Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Además, Gloria Patricia Castro Gutiérrez, Defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por los delitos de maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
Por parte de la Policía fueron capturados Luis Armando Pérez Borja, subcomisario de la Policía Nacional Civil, acusado de "abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad", y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, subinspectora, sindicada de homicidio y maltrato contra personas menores de edad.
