La legislación, según explicó el primer mandatario, deberá proporcionar trato igual para los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico en comparación con lo que cualquier estado de los Estados Unidos esperaría si experimentara un nivel similar de devastación tras el paso del huracán María.
Rosselló no pudo evitar las preguntas sobre el contrato de Whitefish Energy por $300 millones y contestó que no tuvo participación en ese contrato.
Antes de la vista, la AEE había enviado documentos que muestran que la corporación pública ignoró los consejos de sus propios abogados para incluir ciertas protecciones contractuales.
Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, criticó cómo se manejó el proceso de contratación y se mostró escéptico de que el Gobierno de Puerto Rico esté preparado para las tareas de recuperación sin supervisión del gobierno federal.
Rosselló Nevares sostuvo que su compromiso es con la transparencia sobre el uso de los fondos federales que sean asignados y apuntó cómo tuvo la iniciativa de referir al Inspector General de los Estados Unidos y el Contralor de Puerto Rico el acuerdo con un contratista (WhiteFish) cuando surgieron cuestionamientos sobre el proceso que se llevó a cabo para su contratación.
El Gobierno planifica crear un Portal de Transparencia de Recuperación que dará seguimiento al estatus de la recuperación y proveerá información al público sobre cómo y dónde se utilizan los fondos. Esto proporcionará transparencia relacionada al esfuerzo de recuperación, y apoyará un régimen y una cultura de rendición de cuentas. Dijo que Puerto Rico necesita eliminar la “brecha de credibilidad”.
En cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobernador expresó que el Gobierno está enfocado en desarrollar un plan para el futuro de la energía eléctrica en Puerto Rico, mientras trabaja con el objetivo a corto plazo de restaurar la energía.
